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Opinión

La deuda de constructores y políticos con Hidroituango

Por: Juan Camilo Ortega

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Se ha hablado de la responsabilidad de algunos políticos que estuvieron a cargo del megaproyecto Hidroituango, pero también es necesario hablar de la responsabilidad que tienen los constructores o representantes desde que el proyecto fue pensado por primera vez a finales de la década de los 60, cuando se realizaron los primeros estudios con la creación de la Sociedad Promotora de la Hidroeléctrica Pescadero Ituango en 1997 en la gobernación de Álvaro Uribe Vélez.

Tras un proceso que arrancó con una solicitud en 1999 de la licencia ambiental, y con la respuesta del Ministerio de Medio Ambiente en el 2000, en la que, como requisito principal, debía existir un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), la licencia estuvo frenada desde 2001 a 2007, porque Hidroituango y el Ministerio dejaron congelado el proceso, ya en octubre de 2007 Hidroituango presentó el EIA.

En 2004 se hizo la contratación de estudio de restricciones ambientales a cargo de la empresa de ingeniería Integral S.A. en ese entonces el alcalde Sergio Fajardo era el presidente de la Junta Directiva de EPM, quien también había nombrado como gerente de EPM a Juan Felipe Gaviria, exministro de Obras Públicas de César Gaviria y exrector de la universidad Eafit. Amigos que se nombran entre sí.
Entre 2006 y 2007 la sociedad Hidroituango contrató de nuevo con Integral S.A. el Estudio de Impacto Ambiental y la complementación de los estudios de factibilidad, que había hecho años antes la misma firma. Los estudios incluían «trabajos del proceso de información y consulta a las comunidades» que se hicieron entre los meses de junio de 2006 a agosto de 2007.

Cuando Luis Alfredo Ramos fue Gobernador de Antioquia entre 2008 y 2011, tomó los estudios técnicos que había hecho Integral en el 2007, y que, según él, contenían «toda la información técnica, económica, ambiental, sobre lo que sería el proyecto de energía más grande en Colombia». Fue en su Gobernación que el proyecto recibió la licencia ambiental por parte del Ministerio de Ambiente.

El proyecto empezó la construcción aparentemente sin inconvenientes hasta que en 2018 se presentó una contingencia que causó un desastre afectando a pobladores, medio ambiente y el proyecto como tal.

Sin embargo, a finales de 2020 un informe de causa raíz, en el que se dice que la causa del colapso del túnel fue “una combinación de problemas no resueltos entre diseños, supervisión y construcción, que hicieron la parte del túnel que colapsó, particularmente vulnerable a las condiciones hidráulicas”

En septiembre de 2018 en la Alcaldía de Federico Gutiérrez, a raíz de la contingencia que se presentó en la represa, el ente de control abrió una investigación disciplinaria por “presuntas irregularidades en el proyecto Hidroituango; las modificaciones de la licencia ambiental del mismo; su control y vigilancia que han podido incidir en la contingencia social, económica y ambiental existente a la fecha de apertura de esta actuación disciplinaria y en la gestión, manejo y control de la misma”.

En cuanto a las personas jurídicas, se señala como presuntos responsables fiscales a Integral S.A., los integrantes del Consorcio CCC Ituango (Construccoes e comercio Camargo Correa, Constructora Conconcreto y Coninsa Ramón H. S.A), los integrantes del Consorcio Túneles Ituango (Ferrovial Agroman Chile y Sainc Ingenieros Constructores), y a los integrantes del Consorcio Ingetec-Sedic, el interventor (Ingetec y Sedic).

Esta semana la Contraloría dictó medidas cautelares contra Integral S.A. por detrimento patrimonial en el Megaproyecto Hidroituango, en la lista publicada por la Contraloría también aparecen personas naturales que presuntamente tienen responsabilidad fiscal, entre los que se encuentran exalcaldes, exgobernadores, gerentes de EPM y altos directivos de algunas empresas pertenecientes al GEA.

Así entonces, el actual Alcalde de Medellín Daniel Quintero ha hecho una labor titánica que rompió esquemas administrativos en EPM, la más importante fue demandar a constructores por incumplimiento en la megaobra, otra es enfrentar ataques del Grupo Empresarial Antioqueño al que se le suma la oposición paisa por cambios de junta directiva, amigos del GEA, gerente y su posición de demandante frente a responsables del desastre, otra labor sin precedentes, es recuperar la administración pública de la empresa de servicios de Medellín EPM, sin que las empresas privadas interfieran en su manejo, ya que su naturaleza y direccionamiento sigue siendo de carácter público, pues la costumbre de administraciones anteriores era dar potestad y nombramientos de directivos entre empresas similar al manejo que se da en empresas privadas. Rompiendo así con el acostumbrado proceder: yo te elijo, tú me elijes.

Según dijo la Contraloría, se esperan tomar decisiones similares contra los demás mencionados responsables contratistas y personas naturales.

La justicia le está dando la razón al Alcalde de Medellín.

Lea también: Los de siempre contra la Alcaldía de Quintero

La opinión del autor de este espacio no compromete la línea editorial de Minuto30.com

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