¡Destapan la olla en San Andrés! Investigan a la gobernadora por irregularidades en contratos

La contratación pública en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina quedó bajo el escrutinio de los organismos de control. La Procuraduría General de la Nación confirmó la apertura de indagaciones preliminares frente a graves anomalías administrativas que salpican a la Gobernación Departamental y al principal centro asistencial de la región, involucrando sumas millonarias, presuntos favorecimientos a allegados de congresistas y maniobras dudosas en predios del Estado.

El primer frente de análisis se concentra en una serie de convenios suscritos entre los años 2018 y 2024. Se trata de cuatro negocios jurídicos cuyo monto alcanza los $1.709 millones de pesos, los cuales habrían beneficiado directamente a Norbert Vonblon Pomare, esposo de la actual representante a la Cámara por la isla, Elizabeth Jay-Pang Díaz.

El ente disciplinario busca corroborar si existieron influencias o dinámicas de direccionamiento indebido para favorecer al cónyuge de la parlamentaria en la adjudicación de estas obligaciones oficiales.

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Paralelamente, el organismo investigativo le puso el ojo a la adquisición directa de un inmueble situado en el edificio Coral Palace, destinado supuestamente a la infraestructura del alcantarillado pluvial del distrito. La transacción total asciende a $7.000 millones de pesos, de los cuales la Secretaría de Infraestructura alcanzó a desembolsar un 24%, cifra cercana a los $1.700 millones.

Las autoridades indagan si el proceso contractual careció de sustento legal y de rigor técnico en el manejo de los fondos públicos.

El segundo expediente disciplinario apunta directamente a la administración del Hospital Departamental y a las ejecuciones atribuidas a la gobernadora Girley Natacha Ordóñez. La indagación indaga señalamientos sobre su pareja sentimental, quien al parecer ejercería un control de facto sobre los procesos de la institución médica.

Entre las irregularidades figuran la contratación de servicios especializados con particulares a pesar de poseer equipos propios, moras prolongadas en los sueldos del cuerpo médico, negligencia en el manejo de residuos hospitalarios peligrosos y la presunta vinculación de familiares directos de la cúpula gubernamental en las planillas del centro de salud.

Con la apertura de esta indagación preliminar, el Ministerio Público busca recaudar las pruebas documentales y testimoniales necesarias para evaluar la gravedad de las faltas. De hallarse méritos suficientes, la Procuraduría avanzará hacia la formulación de pliego de cargos contra los implicados, en un proceso disciplinario que promete sacudir los cimientos políticos y administrativos del archipiélago.

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