¡De la Espriella prende las alarmas! Pide a la Procuraduría vigilar millonarios contratos de la UNP antes del cambio de Gobierno

El presidente electo, Abelardo De La Espriella, solicitó al ministro del Interior designado, Rodrigo Lara, presentar una petición formal ante la Procuraduría General de la Nación para que ejerza vigilancia preventiva sobre varios procesos que adelanta la UNP, al considerar que podrían comprometer la seguridad del próximo Gobierno y el uso de recursos públicos.

La principal preocupación del mandatario electo está relacionada con el proceso de Selección Abreviada PSA-UNP-054-2026, cuyo presupuesto supera los $78.000 millones y busca contratar el servicio de escoltas para las zonas de protección del presidente de la República y los integrantes del nuevo gabinete ministerial.

Según el comunicado, la adjudicación se realizaría antes del 7 de agosto, lo que impediría al nuevo Gobierno revisar los perfiles y la idoneidad del personal encargado de su esquema de seguridad.

Además, De La Espriella pidió que la Procuraduría evalúe la posibilidad de recomendar o solicitar la suspensión preventiva de ese proceso mientras la nueva administración analiza la contratación.

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La solicitud también incluye vigilancia sobre el proceso mediante el cual la UNP pretende proveer más de 5.100 cargos de oficiales de protección en provisionalidad, pese a que cerca de 900 vacantes ya fueron convocadas mediante concurso de méritos.

De igual forma, el presidente electo pidió revisar el proceso para la adquisición de 188 botes y 264 motores fuera de borda destinados a 29 municipios de nueve departamentos, con el fin de verificar aspectos relacionados con la planeación, las especificaciones técnicas, las normas de seguridad y la pluralidad de oferentes.

Finalmente, solicitó que el Ministerio Público supervise seis procesos contractuales iniciados en julio para la compra de bienes destinados a medidas colectivas de protección para resguardos indígenas.

El Gobierno electo señaló que busca establecer si estas contrataciones estaban debidamente sustentadas o si podían consolidarse en un solo proceso para garantizar mayor eficiencia y transparencia en el manejo de los recursos públicos.

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