¡No saldrán de La Picota! Corte Suprema niega libertad a Iván Name y Andrés Calle por vencimiento de términos

La Corte Suprema de Justicia le cerró la puerta a las pretensiones de libertad de los expresidentes del Congreso, Iván Name y Andrés Calle, quienes buscaban salir del pabellón de funcionarios públicos de la cárcel La Picota.

Ambos excongresistas, procesados por su presunta vinculación en el millonario saqueo a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), enfrentan cargos por cohecho impropio y peculado por apropiación.

Pese a que sus defensas alegaron un supuesto vencimiento de términos, el alto tribunal determinó que los plazos legales aún no se han agotado, manteniendo en firme la medida de aseguramiento impuesta desde mayo de 2025.

El argumento de los abogados se centraba en que han transcurrido más de seis meses desde que la acusación quedó en firme sin que se iniciara formalmente el juicio. Sin embargo, la Sala de Primera Instancia aplicó una jurisprudencia clave: debido a la complejidad de las pruebas y la necesidad de practicar diligencias en el exterior, los términos para que se configure el vencimiento se duplican.

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El punto de quiebre en esta decisión fue la imposibilidad de contactar a Carlos Ramón González, testigo estrella del caso, quien se encuentra prófugo y asilado en Nicaragua.

Según el reporte del CTI entregado este 13 de abril de 2026, las gestiones para dar con su paradero han sido infructuosas, lo que justifica legalmente la extensión de la detención preventiva.

Además del factor internacional, el magistrado ponente señaló que la reciente vacancia judicial de fin de año también suspendió los términos procesales, impidiendo que la Sala resolviera las solicitudes probatorias con la rapidez esperada.

Para la Corte, no existe una dilación injustificada por parte del aparato judicial, sino una dificultad técnica y logística propia de un expediente de corrupción transnacional. De esta manera, Name y Calle deberán permanecer tras las rejas mientras avanza el juicio que busca determinar su responsabilidad en uno de los escándalos de corrupción más graves que ha sacudido la institucionalidad del país en la última década.

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