Foto: Archivo

La Contraloría General de la República evaluó los subsidios familiares de vivienda de interés social asignados en el marco legal establecido con anterioridad a la expedición de la Ley 1537 de 2012 y encontró hallazgos administrativos, con presunta incidencia fiscal $4.434 millones.

La Contraloría habló de subsidios a fallecidos

Ante estos hechos, el ente investigador precisó, «La Contraloría encontró situaciones como más de 22 mil subsidios sin legalizar, numerosos proyectos que presentan incumplimientos, obras construidas que no prestan servicio alguno, asignación de subsidios a personas fallecidas y recursos depositados en fiducias que no cumplen su destinación, entre otras».

De acuerdo con la información oficial, los subsidios que no han sido legalizados fueron asignados entre el año 2004 y el 2020.

Según la Contraloría, los casos donde se ha presentado mayor detrimento patrimonial ha sido en el departamento de Bolívar, La Guajira; Montelíbano, Tierralta y Puerto Libertador (Córdoba).

«En el programa Bolsas Anteriores se han registrado 22.284 subsidios con Traslado a Cuentas de Ahorro Programado (CAP), sin pagos al oferente, por $325.602.069.933, incluido el valor de indexaciones», enfatizó la Contraloría.

La entidad tambien dio a conocer que solicitó al Fondo Nacional de Vivienda un plan de mejoramiento para «subsanar» estos hechos identificados.

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