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La Contraloría General de la República dio a conocer que encontró inconsistencias en el pago de indemnizaciones, ayudas humanitarias y subsidios de viviendas a las víctimas. Dejo que estos dineros figuran consignados a fallecidos.

Video: Declaraciones de Juan Carlos Gualdrón, contralor delegado para el Posconflicto.

Con respecto a la Indemnización Administrativa a las víctimas, el entre de control, indicó, «según la base de datos Indemniza, que concentra toda la información de las víctimas identificadas en el país, con corte a marzo de 2021, se encontraron 75 personas fallecidas incluidas como destinatarios con pagos ya realizados y que fueron cobrados con fecha de pago posterior a la fecha de su defunción por un valor de 647 millones de pesos».

La Contraloría subrayó que no se encontró evidencia de que estos pagos, que en su mayoría se realizaron entre los años 2012 y 2014, se hayan reintegrado al identificar la anomalía.

Y añadió, «se identificaron 665 registros de giros cobrados de indemnizaciones que suman $4.208 millones que tienen inconsistencias en los datos de nombre y apellido del destinatario».

Pago de ayudas humanitarias a fallecidos

La entidad anunció que tras la investigación, halló que 493 giros a personas fallecidas, cobrados con posterioridad a la fecha de fallecimiento por un valor de $228 millones.

Detalló además que de estos giros a personas fallecidas, 56 corresponden a víctimas de pueblos afrocolombianos, por valor de $32 millones, y 9 giros a víctimas de pueblos indígenas por valor de $6,8 millones.

También identificaron 135 giros a 68 familias beneficiarias por 78 millones de pesos en las que se evidenció que el nombre del destinatario no coincide con el nombre reportado en la Registraduría. Y 266 giros a 250 familias por 234 millones de pesos en lo que se encontró que el documento del destinatario no se encuentra en la base de datos de la Registraduría – NEC.

Subsidios de vivienda

Frente a los Subsidios Familiares de Vivienda Urbana otorgados por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio desde 2003, la Contraloría identificó 207 subsidios asignados por 3.055 millones de pesos asignados a personas con fecha de fallecimiento posterior a la entrega.

Dentro de estos registros se encuentran 23 casos de titulares fallecidos con más de un subsidio asignado. Y se identificaron 4 casos (2004 y 2016) de titulares de subsidios de vivienda que se encuentran registrados por el hecho victimizante de desaparición forzada.

Desde 2003, se encontraron 13.044 beneficiarios víctimas de desplazamiento
forzado cuyo subsidio permanece en cuentas de ahorro programado – CAP en una entidad bancaria por valor de $192.471 millones, lo que permite establecer que estos beneficiarios no han accedido al derecho a la vivienda.

De igual forma, la Contraloría Delegada para el Posconflicto también evidenció que 916 registros de subsidios legalizados de vivienda por valor de $15.596 millones presentan inconsistencias en los datos de nombre y apellido del destinatario, al cruzar con los datos de la Registraduría con programas principalmente como Mi Casa Ya, Vivienda Gratuita y Bolsa Desplazados.

El órgano de control anunció que debido a las inconsistencias detectadas, procederán a adelantar las actuaciones de control fiscal que se consideren pertinentes, en el marco del nuevo esquema de control fiscal Preventivo y Concomitante.

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