Resumen: La Contraloría General reportó un aumento del 64% en la contratación pública en enero de 2026, alcanzando los $32,88 billones antes de la Ley de Garantías.
El inicio de la Ley de Garantías el pasado 31 de enero desató una frenética carrera en las entidades públicas por asegurar recursos y convenios.
Un reciente informe de la Contraloría General de la República reveló que el primer mes del año se convirtió en una verdadera “feria” de contratación, con incrementos que superan el 64% en comparación con el mismo periodo de años anteriores.
Según el ente de control, entre el 1 y el 30 de enero de 2026 se suscribieron 521.269 contratos por un valor astronómico de $32,88 billones, una cifra que despierta serias dudas sobre la transparencia en el uso de los recursos públicos previo a la campaña electoral.
El análisis de la DIARI (Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata) detalla que el pico máximo de esta disparada ocurrió en la última semana de enero, donde se adjudicaron $14,8 billones.
Solo el 30 de enero, último día hábil antes de la restricción, se firmaron contratos por $5,7 billones.
Al comparar estos movimientos con la última contratación previa a elecciones (en 2022), el monto total creció un 30,4%, lo que evidencia un comportamiento inusual.
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Las entidades del orden territorial fueron las más activas, concentrando $17,7 billones del total nacional, lideradas por ciudades como Barranquilla, Medellín y Cali.
En el nivel nacional, instituciones como el Sena y el ICBF encabezan la lista con convenios que superan el billón de pesos cada una. Mientras el Estado acelera estas firmas masivas, la senadora Angélica Lozano denunció que miles de contratistas actuales sufren retrasos en sus pagos desde diciembre, calificando la situación como una contradicción administrativa.
Por su parte, el delegado de la Contraloría, Andrés Felipe Cifuentes, advirtió que ya se realizan cruces de información para determinar si esta concentración de recursos busca favorecer maquinarias políticas o si responde a necesidades reales de la administración pública.
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