Código no de Honor. Por Pedro José Rivera Giraldo | Código no de Honor
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    En Colombia, lamentablemente, las últimas medidas de protección al Medio Ambiente y el Desarrollo Sostenible frente a la imposición de la Locomotora Ambiental, han sufrido duros reveses, por cuenta de argumentos rábulas, que solo buscan favorecer los intereses mineros (legales e ilegales).

    En la columna Legislando Paja (28/02/13) se resaltó la historia de la ley 1382 de 2010, cuyo fin era “Responsabilidad Social Empresarial: Las empresas mineras promoverán y efectuarán actividades de responsabilidad social, en un marco de desarrollo humano sostenible, que propendan por la promoción de comportamientos voluntarios, socialmente responsables, a partir del diseño, desarrollo y ejecución de políticas, planes, programas y proyectos que permitan el logro de objetivos sociales de mejoramiento en la calidad de vida de la población y la prevención y reparación de los daños ambientales en las regiones, subregiones y/o zonas de su influencia.”  Pero esto no pasó la prueba en la Corte Constitucional y se quedó en el limbo jurídico ad-eternum.

    Lo primordial era reemplazar la Ley 685 de 2001 (Código Minero), hecha durante el tiempo de Estado Fallido y que tuvo su máximo esplendor durante la Seguridad Democrática, ya que en ese entonces, lo ambiental y sostenible eran considerados aliados con los grupos terroristas (según ciertas mentes de algunos funcionarios públicos de aquel entonces). Para la muestra, se puede leer lo siguiente: “El presente Código tiene como objetivos de interés público fomentar la exploración técnica y la explotación de los recursos mineros de propiedad estatal y privada; estimular estas actividades en orden a satisfacer los requerimientos de la demanda interna y externa de los mismos y a que su aprovechamiento se realice en forma armónica con los principios y normas de explotación racional de los recursos naturales no renovables y del ambiente, dentro de un concepto integral de desarrollo sostenible y del fortalecimiento económico y social del país”…. “Los minerales de cualquier clase y ubicación, yacentes en el suelo o el subsuelo, en cualquier estado físico natural, son de la exclusiva propiedad del Estado, sin consideración a que la propiedad, posesión o tenencia de los correspondientes terrenos, sean de otras entidades públicas, de particulares o de comunidades o grupos”. Y no solo no fueron propiedad del Estado, sino que se permitió el todo vale en su extracción y explotación, trayendo terribles consecuencias.

    Pero lo más triste del caso es la pasividad del Gobierno Actual, en cabeza del Ministro Minas, Federico Renjifo, frente a tomar medidas pertinentes para la Protección Ambiental y Sostenible contra los abusos Minero – Energéticos que ocurren. Como se puede leer en un informe de la Silla Vacía en días pasados, se presentó una carta por parte de Expertos en Derecho Ambiental y Minero. Entre los firmantes, se encuentran el primer ministro del Medio Ambiente (Manuel Rodriguez), el director del Instituto Quinaxi (Ernesto Ghul), así como las Organizaciones World Wildlife Fund y la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente y la Fundación Gaia del Amazonas, ha despertado las alarmas correspondientes. He aquí algunos apartes de la Declaración Colectiva:

    Las organizaciones y personas que abajo firmamos, comprometidas con la protección del ambiente, presentamos nuestras preocupaciones por las implicaciones de la caída del Código de Minas vigente hasta el 11 de mayo pasado (Ley 1382 de 2010) y la consecuente regresión al Código de Minas anterior (Ley 685 de 2001), particularmente por las graves consecuencias para el medio ambiente en nuestro país. Antecedentes: En mayo de 2011 la Corte Constitucional de Colombia declaró inexequible la Ley 1382de 2010

    1. Que reformó el Código de Minas (Ley 685 de 2001), debido a que no se realizó el proceso de consulta previa con los grupos étnicos a pesar que dicha norma afecta  sus pueblos y territorios. La Corte difirió la decisión por dos años por considerar quecontenía normas más garantistas en materia ambiental que las que había en el código anterior, cuya falta de aplicación al perder la vigencia afectaría el derecho al ambiente sano
    2. De esta manera la Corte dio un plazo de dos años al gobierno para realizar la consulta con los grupos étnicos. Debido a la cercanía del plazo y la inexistencia de la consulta, los Ministerios del Interior y de Minas y Energía, y de la Secretaria Jurídica dela Presidencia de la República, solicitaron a la Corte un plazo adicional para cumplir. La Corte rechazó el plazo.

    Con todo lo que pasó, ojalá este gobierno o uno futuro, con más Conciencia Ambiental, sea más sensato.

    PD: Luego de la polémica generada por la actuación del Exministro Juán Carlos Echeverry, frente a Interbolsa, se espera que el Colegio Champagnat de Bogotá aclare todo lo relacionado con la condecoración a dicho personaje hace un par de años. O de lo contrario, no sería un buen legado para sus alumnos.

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