CNE confirma sanción a campaña de Petro por topes electorales

La mañana de este miércoles, 29 de abril, el Consejo Nacional Electoral (CNE) le propinó un golpe definitivo a la defensa de la campaña presidencial de 2022.

En sala plena, los magistrados ratificaron la sanción administrativa por la violación de los topes electorales en una cifra que supera los $5.300 millones de pesos, sumando la primera y segunda vuelta.

La decisión, que se tomó con una votación de 6 a 2, deja en firme las multas millonarias contra el gerente de la campaña y actual presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, así como contra la tesorera y la auditora del Pacto Histórico.

Este fallo administrativo llega en un momento crítico para Ricardo Roa, quien el próximo 8 de mayo deberá comparecer ante la Fiscalía General de la Nación. Tras dos aplazamientos previos, el ente acusador finalmente le imputará cargos por el presunto delito de violación de los límites de gastos, una conducta que en el ordenamiento penal colombiano está tipificada desde el año 2017.

La ratificación del CNE no solo confirma el exceso de gastos, sino que ordena compulsar copias a la Fiscalía para que se profundice en investigaciones por fraude procesal y la presunta financiación con fuentes prohibidas, lo que complica seriamente la situación jurídica del directivo de la estatal petrolera.

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La investigación sugiere que se habría presentado una “triangulación de recursos” para ocultar gastos reales. Específicamente, se indaga si facturas de desplazamientos aéreos con la empresa Sadi SAS fueron amañadas para pasarlas como gastos de la campaña al Senado de Guillermo Alfonso Jaramillo, cuando en realidad correspondían a la movilidad del entonces candidato Petro.

Mientras el CNE impone multas que rozan los $6.000 millones de pesos, la Comisión de Acusación de la Cámara también ha remitido el expediente a la justicia ordinaria. Aunque el presidente Petro ha negado cualquier irregularidad, la firmeza de esta sanción por exceder los topes legales marca un hito histórico, siendo la primera vez que una campaña presidencial en ejercicio es castigada de esta forma por la autoridad electoral.

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