Cargos contra exdirectora de Corpourabá: habría dejado en el limbo la madera decomisada en Urabá

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra Vanessa Paredes, exdirectora general de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá (Corpourabá), por presuntas irregularidades en el manejo y la disposición final de material forestal que había sido incautado por esa autoridad ambiental en Antioquia.

De acuerdo con el ente de control, la investigación disciplinaria recabó elementos que indican que Corpourabá tomó el control definitivo de unos productos forestales decomisados. Sin embargo, presuntamente, la entonces directora general no habría expedido el acto administrativo motivado con el que se ordenaba el destino de ese material: su entrega, donación o destrucción.

El Ministerio Público fue enfático al señalar que la correcta disposición de los recursos forestales incautados es un deber de obligatorio cumplimiento para cualquier autoridad ambiental. La razón es clara: una vez los productos son decomisados, pasan a hacer parte del patrimonio público, por lo que su destino no puede quedar en el aire ni depender de decisiones informales.

La conducta de la exfuncionaria fue calificada provisionalmente por la Procuraduría como falta grave a título de culpa grave. Esto significa que, para el ente de control, la investigada habría incumplido sus deberes funcionales con una negligencia seria, al no tramitar como lo ordena la ley el decomiso definitivo del material forestal que estaba bajo la custodia de la corporación.

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Corpourabá es la autoridad ambiental con jurisdicción en la subregión del Urabá antioqueño. Entre sus funciones están expedir permisos y autorizaciones de aprovechamiento forestal, adelantar controles a la tala ilegal y disponer de la madera y demás productos que incauta en sus operativos. Por eso, los decomisos que allí se ordenan suelen involucrar grandes volúmenes de madera provenientes de operativos contra el aprovechamiento ilegal de los bosques de la zona.

El decomiso definitivo es una de las figuras más importantes dentro de ese control. Cuando una autoridad ambiental ordena el decomiso de madera u otros productos forestales, esos bienes se convierten en propiedad del Estado y la misma autoridad queda obligada a definir, mediante un acto administrativo motivado, si serán entregados a alguna entidad, donados con fines sociales o destruidos. Mientras esa decisión no se toma, el material suele permanecer almacenado, muchas veces a la intemperie, con el riesgo de deteriorarse o de perder su trazabilidad.

Precisamente, la omisión que la Procuraduría le atribuye a la exdirectora apunta a ese punto: al parecer, pese a que Corpourabá ya había asumido el control definitivo de los productos forestales, no se habría expedido la decisión formal que definiera su destino final, lo que para el Ministerio Público constituye un presunto incumplimiento grave de los deberes propios del cargo.

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Vale aclarar que el pliego de cargos no es una condena. Se trata de una etapa del proceso disciplinario en la que el ente de control relaciona de manera formal los presuntos hechos y cargos contra el investigado, quien tiene derecho a presentar sus descargos, aportar pruebas y ejercer su defensa. De hecho, la calificación de la conducta es provisional y puede cambiar al final del proceso.

Si al concluir la investigación se comprueban los cargos, el régimen disciplinario contempla para este tipo de faltas graves sanciones que pueden llegar hasta la destitución del cargo y la inhabilidad general para ejercer cargos públicos, dependiendo de la gravedad de la conducta y de las circunstancias en las que se haya cometido.

El anuncio fue hecho por la Procuraduría General de la Nación desde Bogotá el pasado 23 de octubre de 2026, a través de un boletín oficial en el que dio a conocer la formulación de cargos contra la exdirectora de la corporación ambiental del Urabá.

Por ahora, el proceso disciplinario continúa su trámite y la exfuncionaria tendrá la oportunidad de responder por los hechos que le fueron imputados. La decisión final quedará en manos de la Procuraduría, que deberá evaluar las pruebas y los descargos antes de definir si impone o no una sanción.