Cárcel para cuatro policías que habrían torturado a un detenido y reportado una supuesta fuga en Antioquia

Cuatro integrantes de la Policía Nacional fueron cobijados con medida de aseguramiento en centro carcelario, tras ser señalados de presuntamente someter a actos de tortura a un hombre que se encontraba privado de la libertad en el oriente de Antioquia.

La decisión se produjo luego de que la Fiscalía General de la Nación presentara elementos materiales probatorios que vincularían a los uniformados con los hechos. Los implicados fueron identificados como el intendente Rodolfo Herrera, los subintendentes Yonerse Álvarez y Sor Ángela Sánchez, así como la patrullera María Gabriela Yáñez.

Traslado irregular y presiones en zona rural

De acuerdo con la investigación, los hechos se remontan al 9 de julio de 2025, cuando la víctima habría sido sacada de la estación de Policía del municipio de San Vicente Ferrer mediante engaños. Posteriormente, fue trasladada a un área rural de La Ceja.

En ese lugar, según lo documentado por la Fiscalía, el hombre habría sido intimidado con herramientas como una pica y una pala, mientras los uniformados lo presionaban para que entregara información relacionada con la ubicación de una supuesta caleta en la que habría armas y dinero.

Durante el procedimiento, también le habrían advertido que podría ser sepultado en el sitio si no colaboraba.

La víctima logró escapar de la situación y se desplazó hasta una finca en el municipio de La Unión, donde recibió ayuda. Posteriormente, entró en contacto con unidades de la Dijin de la Policía Nacional y se entregó voluntariamente.

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Reporte oficial y avance judicial

Dos días después de lo ocurrido, el 11 de julio de 2025, el intendente Herrera, quien se desempeñaba como subcomandante de la estación de Policía de San Vicente Ferrer, habría informado a sus superiores que el privado de la libertad se había fugado durante un traslado médico.

Con base en estos hechos, un fiscal especializado de la Seccional Antioquia imputó a los cuatro uniformados el delito de tortura. Adicionalmente, al intendente Herrera se le formuló un cargo por falsedad ideológica en documento público, relacionado con el reporte entregado tras la desaparición del detenido.

Un juez penal de control de garantías avaló la solicitud del ente acusador y ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario para los implicados, mientras avanza el proceso judicial.

La defensa de los procesados apeló la decisión ante un juez de segunda instancia, por lo que será esta autoridad la encargada de revisar la medida impuesta.

Entretanto, el caso continúa su curso en la justicia, en medio de las investigaciones que buscan esclarecer completamente lo ocurrido.