Resumen: Los combates entre el Clan del Golfo y disidencias en la zona rural de Briceño han obligado a cerrar 28 colegios y suspender los servicios de salud, afectando a cientos de estudiantes y habitantes. La Gobernación de Antioquia exige al Ejército retomar el control del territorio para garantizar la seguridad de la población y proteger los derechos fundamentales a la educación y la salud.
La Gobernación de Antioquia expresó su profundo rechazo frente a los combates registrados desde el pasado sábado en la zona rural del municipio de Briceño, protagonizados por disidencias del grupo de alias “Calarcá” y el Clan del Golfo. Estos enfrentamientos han puesto en riesgo la atención en salud y la educación de la comunidad, constituyendo una vulneración a los Derechos Humanos y una violación al Derecho Internacional Humanitario (DIH).
El gobernador Andrés Julián pidió al Ejército mantener presencia permanente en la región para garantizar la seguridad de los habitantes. “Los campesinos de las zonas más lejanas de Antioquia merecen una vida segura. Desde octubre pasado el Ejército se comprometió a quedarse, pero se retiró para cubrir posiciones en otro departamento. Le pedimos que no se vaya hasta que se asegure la protección de la población”, afirmó el mandatario.
Desde que se conocieron los hechos, la Gobernación activó un Consejo de Seguridad para coordinar acciones con la Fuerza Pública y otras autoridades competentes, con el fin de reforzar la seguridad y proteger a la población civil de Briceño.
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Los enfrentamientos han tenido impactos directos en servicios esenciales. El Centro de Salud de la vereda El Roblal tuvo que suspender su atención médica debido a la salida del personal sanitario por motivos de seguridad. Además, la educación se vio afectada en 28 sedes educativas, donde 375 estudiantes debieron interrumpir temporalmente las clases presenciales y continuar su formación de manera semiescolarizada.
La Gobernación reiteró que ningún grupo ilegal puede asumir el control de los territorios ni someter a las comunidades al miedo, al confinamiento o al desplazamiento. “La salud y la educación son derechos inviolables que deben respetarse en todo momento, conforme a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario”, enfatizó el gobierno departamental.
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