Antioquia, en alerta por ataques contra guardianes del Inpec: denuncian asesinatos y amenazas

La seguridad de los funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) genera preocupación tras la denuncia del sindicato sobre cuatro trabajadores asesinados y más de 500 amenazas en el país desde el inicio del actual Gobierno. La organización pidió reforzar las medidas de protección, especialmente para el personal encargado de la vigilancia y custodia en los establecimientos penitenciarios.

Felipe Quimbayo, vicepresidente nacional del sindicato, respaldó las acciones dirigidas a recuperar el control de las cárceles, pero advirtió que también deben garantizar la seguridad de los trabajadores. “No es posible que desde que asumió la presidencia hemos tenido que lamentar ya cuatro compañeros que los han asesinado vilmente”, aseveró.

El dirigente también expresó preocupación por los traslados de personas privadas de la libertad, incluidos cabecillas de estructuras criminales, y la necesidad de acompañar estas medidas con estrategias que permitan reducir los riesgos para los funcionarios.

Ataques contra funcionarios en Antioquia

Uno de los casos recientes ocurrió el 13 de agosto de 2026, cuando Wilber Ferney Martínez Sana, dragoneante de la cárcel de Itagüí, fue asesinado por sicarios en el barrio San Francisco mientras se dirigía a su trabajo. Tras el homicidio, las autoridades capturaron a dos sospechosos.

A este hecho se suman los antecedentes de violencia en los establecimientos penitenciarios de El Pedregal, en Medellín, y Bellavista, en Bello. Quimbayo recordó que durante 2024 y 2025 se registraron atentados contra vehículos y funcionarios del Inpec en estas cárceles.

Según el balance regional presentado por el vicepresidente sindical, en Antioquia se han contabilizado alrededor de ocho atentados e intentos de ataque durante el periodo señalado, además de tres funcionarios asesinados.

Cali y Barranquilla también reportan ataques

Las alertas se extienden a otras regiones del país. El 26 de septiembre, una granada fue lanzada contra la camioneta del director regional del Inpec, Guillermo Andrés González Andrade, en Cali. El funcionario no se encontraba en el vehículo al momento del ataque.

Días después, el 7 de octubre, el dragoneante Jimmy Flores Salazar fue asesinado cerca de su vivienda en la capital del Valle del Cauca. Su esposa resultó herida durante el hecho.

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En Barranquilla, el 10 de octubre, dos funcionarios del Inpec fueron víctimas de otro atentado cuando acababan de salir de la cárcel El Bosque. Estos episodios forman parte del panorama de violencia denunciado por el sindicato a nivel nacional.

Las medidas que solicita el sindicato

Entre las propuestas para reducir los riesgos, Quimbayo destacó la modificación de las jornadas laborales, especialmente durante los relevos nocturnos. Según explicó, los atacantes conocerían las rutinas de los trabajadores y aprovecharían esos momentos para cometer las agresiones.

“Si miramos la mayoría de los atentados ya conocen los relevos y lo hacen o los perpetran en horas de la noche, hora nocturna”, indicó.

Además de revisar los horarios, el sindicato solicitó adquirir armamento de dotación y garantizar el acompañamiento de la Policía Nacional durante los desplazamientos de entrada y salida de los establecimientos penitenciarios.

Quimbayo llamó la atención sobre la situación de la cárcel El Pedregal, en Medellín, donde, según afirmó, no habría presencia permanente de una patrulla policial durante los relevos. Para la organización, reforzar la seguridad en estos momentos es una de las acciones necesarias para prevenir nuevos ataques.

El vicepresidente sindical agregó que han sostenido conversaciones con el ministro de Justicia, Iván Cansino, y con el director general del Inpec para buscar soluciones. Sin embargo, aseguró que varias de las propuestas todavía no se han materializado.

El sindicato insiste en que las medidas para recuperar el control de las cárceles deben avanzar junto con acciones concretas de protección para los funcionarios, ante los hechos violentos y las amenazas denunciados en Antioquia y otras regiones del país.