Lo que era un secreto a voces terminó siendo confirmado por Empresas Públicas de Medellín-EPM-, al revelar que un inspector de la policía en Bello ordenó el cierre temporal de la planta de tratamiento de aguas residuales Aguas Claras-PTAR-, situación que lamentó la compañía.
Según lo indicó EPM, la suspensión de la planta de tratamiento tendría un alto impacto ambiental y en la calidad de vida de los habitantes del Valle de Aburrá, ya que implicaría verter al río Aburrá-Medellín más de 10.000 millones de litros de agua residual sin tratamiento por mes. Así mismo, durante la descarga, posterior a la suspensión de la operación, se tendría que verter más de 150 millones de litros de agua y lodo de la línea líquida de tratamiento y 60 millones de litros de lodo al río Aburrá-Medellín.
Al detener la operación de Aguas Claras, por esta determinación policiva, se generarían olores de manera incontrolada, intensiva y permanente no solo durante el vaciado de estructuras y el tiempo que permanecería el agua estancada, sino también por el agua residual no tratada vertida directamente al río en la estructura de entrada a la planta. Adicionalmente, el reingreso de agua residual a la planta para su reinicio, cuando se supere la orden policiva en caso de seguir en firme, requeriría de una nueva estabilización que podría tardar más de ocho meses con alta generación de olores.
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Tras esta decisión, la compañía lamentó esto y aseguró que se pondría en riesgo el trabajo adelantado por décadas para cuidar y proteger el río Aburrá-Medellín.
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