En el desorden existente respecto a los procesos de liquidación, facturación y cobro de las deudas que tienen las empresas constructoras con el municipio de Medellín reinan los corruptos, expresó hoy el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos en la reunión de la comisión accidental del Concejo de Medellín que hace seguimiento a la expedición de licencias por parte de las curadurías.
La Dirección de Planeación informó que con el objeto de establecer la veracidad sobre dichas deudas emprendió una ardua tarea manual de revisión de cada una de las licencias otorgadas por las cuatro curadurías desde el año 2007 hasta la fecha. Se dijo que ya se tienen datos consolidados de un año.
La Contraloría General de Medellín presentó un informe sobre la auditoría que realizó a la expedición de 17 licencias de construcción de viviendas VIP correspondientes a los estratos 4, 5 y 6.
Se encontró que 14 de las 17 licencias fueron otorgadas por la Curaduría Cuarta. El informe arroja 16 hallazgos, unos de incidencia fiscal y otros de incidencia administrativa. Se detectó un detrimento patrimonial para el municipio por valor de 477 millones de pesos en el incumplimiento del pago de obligaciones urbanísticas por parte de las constructoras, de los cuales 317 millones de pesos corresponden a la Promotora Escala, ejecutora del proyecto Península.
Otros hechos que resaltó el informe de la Contraloría tienen relación con varios proyectos. Acrópolis, donde se encontró que 20 apartamentos están dedicados al ejercicio de la parahotelería, con cobros de 80 mil pesos por día; el proyecto Nuevo Robledal, el cual tiene todas sus unidades arrendadas. Igual situación ocurre con buena parte de los apartamentos del proyecto Santa Bárbara, donde el canon promedio de arrendamiento es de 800 mil pesos mensuales.
De acuerdo con el informe se encontró que varios de los proyectos, entre ellos Nuevo Robledal, no tienen acta de recibo de obras y en varias de las vallas de los diferentes proyectos no se informa que se trata de viviendas de interés prioritario.
Para la Contraloría es evidente la ausencia de monitoreo y control, anomalía que ha generado impactos negativos para la ciudad por falta de zonas verdes y el aumento incontrolado de la densidad poblacional.
La Dirección de Planeación dio a conocer un informe de seguimiento a las curadurías, en el que resaltó que las cuatro curadurías trabajan de manera descoordinada frente al decreto de licenciamiento y en el tema de radicación no se cumple con todos los documentos requeridos para los proyectos urbanísticos. El informe precisa que la Curaduría Cuarta otorga el 50 por ciento de las licencias de construcción.
Algunos funcionarios de las curadurías reconocieron que no cuentan con los software actualizados para ser más eficientes en sus labores y, sobre todo, para entregar en tiempo real la información requerida para los trámites oficiales que corresponden a diferentes dependencias del municipio, como Planeación y Hacienda.
El concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos pidió a la Personería que en próximas reuniones presente informes relevantes sobre el seguimiento que hacen a temas específicos como el incumplimiento de los pagos de obligaciones urbanísticas. Calificó como vergonzoso que la Personería no quiera destapar y sancionar a los funcionarios que han infringido las normas.
Dijo que no le parece justo que Corantioquia expida resoluciones quitando el agua a los habitantes del barrio El Tesoro-La Virgen, mientras los poderosos constructores hacen de las suyas en la ciudad.
El corporado solicitó a la Contraloría hacer una auditoría especial a los proyectos de vivienda de interés prioritario que se adelantan en los estratos 2 y 3.
Forman parte de la comisión accidental, además, los concejales Robert Bohórquez Álvarez y José Nicolás Duque Ossa.
2014-02-12
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