Radican moción de censura contra ministro de defensa por muerte de 15 menores en bombardeos

La polémica por la muerte de 15 menores de edad en bombardeos aéreos ejecutados por las Fuerzas Militares contra campamentos de grupos armados ilegales ha derivado en una crisis política en el Congreso de la República.

Este martes 18 de noviembre, fue radicada formalmente ante la Secretaría General de la Cámara de Representantes la moción de censura contra el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.

La iniciativa fue liderada por la representante a la Cámara Katherine Miranda, del Partido Verde, quien recogió un total de 30 firmas, incluyendo apoyos de la oposición (Centro Democrático) e, incluso, de tres congresistas del partido de Gobierno, el Pacto Histórico.

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Una de estas parlamentarias, Alexandra Vásquez, expresó su profundo rechazo en la plenaria, asegurando que “el Estado no puede bombardear su futuro. ¿En qué momento se decidió que era aceptable correr este riesgo?”.

Miranda, una de las voces más críticas en la defensa de los derechos de la niñez en el conflicto armado, puso en evidencia la gravedad de la situación.

“Hoy quiero dejar constancia en la plenaria porque no solamente es la muerte de 7 adolescentes, sino 15 niños que van de agosto a diciembre. Niños que fueron asesinados en operativos militares en enfrentamientos contra las FARC, las cuales, según reporte, el 48% son niños indígenas”, declaró la congresista.

Los hechos que motivan la moción de censura se centran en cuatro bombardeos autorizados por el presidente Gustavo Petro, dirigidos contra campamentos de las disidencias de las Farc. La controversia nacional se ha centrado en las circunstancias que rodearon las operaciones militares y la presunta omisión de protocolos ante la presencia de menores de edad reclutados.

La congresista Miranda cuestionó duramente al ministro Pedro Sánchez por la supuesta falta de medidas preventivas y la aparente omisión de información sobre la presencia de menores en las zonas atacadas, lo que ha generado que la Procuraduría y la Fiscalía General también abran indagaciones preliminares para verificar la legalidad y el cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario.

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