Procuraduría vigilará el cumplimiento de los operadores para mejorar la calidad del servicio del SITP en Bogotá

La Procuraduría General de la Nación adelantará vigilancia preventiva y de intervención administrativa o judicial, para asegurar que el acuerdo al que llegaron Transmilenio y siete concesionarios del SITP.

Tal y como lo planteó el órgano de control, este acuerdo busca que se respete el derecho fundamental de los ciudadanos a la movilidad, el buen manejo de los recursos y la calidad del servicio público del transporte.

Según el procurador Fernando Carrillo, por medio de controles sociales e institucionales al transporte público, se mejorará la calidad de vida de los usuarios del sistema y habrá mejor cuidado del medio ambiente.

Estos acuerdos para mejorar la calidad del servicio se enfocan principalmente en la revisión de tarifas por kilómetro recorrido y vehículo para toda la flota, reemplazo del factor de calidad por un factor de evaluación integral, y en la ampliación de la vida útil de los vehículos, que actualmente es de 12 años.

El Ministerio Público en comunicación dirigida a la gerente de Transmilenio, María Consuelo Araujo, planteó 22 interrogantes que los firmantes deberán ponderar para garantizar la calidad del servicio, la eliminación de prácticas como la guerra del centavo y si existe un mapa de riesgo derivado de su aplicación.