Fotos de archivo y redes sociales.
Un nuevo terremoto sacude la seguridad nacional este martes 13 de enero de 2026. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, ordenó una revisión exhaustiva a las cúpulas militar y policial tras la explosiva denuncia de Andrés Idárraga, ministro de Justicia encargado, quien asegura haber sido víctima de espionaje ilegal.
Según Idárraga, su teléfono fue infiltrado entre agosto y noviembre de 2025 mediante el polémico software Pegasus, logrando la extracción de 2,3 gigas de información sensible. La gravedad del asunto radica en que, para esa fecha, el funcionario lideraba investigaciones de alto nivel sobre corrupción dentro de las mismas fuerzas estatales.
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El dispositivo sufrió más de 8.700 infiltraciones y, en al menos 124 ocasiones, los espías activaron de forma remota su cámara y micrófono para vigilarlo en tiempo real.
“Estaban armando una campaña de desprestigio en mi contra por la información que venía recibiendo”, sentenció Idárraga.
Ante esto, el ministro Sánchez calificó el hecho como “inaceptable” y anunció una coordinación inmediata con la Fiscalía General de la Nación para determinar quiénes están detrás de este rastreo ilegal y si se utilizaron gastos reservados del Estado para financiarlo.
Como medida de urgencia, el Ministerio de Defensa convocó a una Junta de Inteligencia Conjunta para auditar las operaciones de contrainteligencia realizadas el año pasado. El objetivo es verificar si alguna estructura oficial desvió sus funciones para perseguir a un miembro del mismo gabinete de gobierno.
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