Menores de edad y la violencia armadas: La Procuraduría insiste en la urgencia de protegerlos en el proceso de Paz

La Procuraduría General de la Nación ha hecho un llamado urgente al Gobierno Nacional para que coloque la protección de los menores de edad en el centro de las negociaciones de paz con los grupos armados ilegales. La entidad también demandó la desvinculación inmediata de todos los menores reclutados por estos grupos y un cese definitivo de la práctica del reclutamiento forzado, que constituye una grave violación de los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario.

Este pronunciamiento surge a raíz del asesinato de un niño en El Plateado, Cauca, quien fue atacado por las disidencias de las extintas FARC después de negarse a ser reclutado. La Procuraduría calificó este acto como un crimen de lesa humanidad, y destacó el creciente y alarmante aumento del reclutamiento infantil en varias regiones del país, lo que pone en riesgo la seguridad y el bienestar de la infancia colombiana.

Según los datos de monitoreo de la Procuraduría, en 2024 se han reportado 287 nuevos casos de reclutamiento forzado de menores, frente a los 213 registrados en 2023. Las zonas más afectadas incluyen Cauca, Caquetá, Chocó, Antioquia y Nariño, donde la intensificación del conflicto armado ha hecho crecer de manera preocupante este fenómeno.

La Procuraduría también criticó las acciones del Estado, calificándolas de “insuficientes” para enfrentar la problemática del reclutamiento de menores. En su pronunciamiento, instó al Gobierno a tomar medidas urgentes para frenar esta grave violación de los derechos humanos, como implementar políticas de prevención efectivas, proteger a los menores de la violencia de los grupos armados y fortalecer los sistemas de atención integral para las víctimas.

Además, el ente de control subrayó la necesidad de que los grupos armados ilegales se comprometan, de forma específica, en las agendas de paz a garantizar los derechos de los niños y detener su instrumentalización en el conflicto. La Procuraduría reiteró que los niños, niñas y adolescentes deben ser protegidos de las amenazas y engaños de estos grupos, que los convierten en víctimas de su actividad ilegal.

“Como sociedad, no podemos permitir que se siga perpetuando esta grave vulneración de los derechos fundamentales de los menores”, expresó la Procuraduría, destacando la urgencia de una acción integral por parte del Gobierno y la comunidad internacional.

Finalmente, la Procuraduría concluyó su declaración reiterando su disposición para supervisar y acompañar la implementación de medidas que aseguren la protección efectiva de los niños y niñas en Colombia, comprometiéndose a continuar con su labor de vigilancia y control sobre la situación.

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