La política exterior de un país no puede moverse al vaivén de los afectos de un presidente ni ser el escenario para desplegar sus vanidades. Debe ser una política de Estado, seria, estratégica y orientada a proteger los intereses nacionales. En el gobierno de Petro ocurrió exactamente lo contrario: la política exterior se volvió un ejercicio de capricho, irracionalidad y deseo de protagonismo, cuyos costos hoy recaen directamente sobre los colombianos.
El ejemplo más grave y revelador es la decisión de denunciar el Tratado de Libre Comercio con Israel. No había una razón económica o de interés nacional que justificara esa ruptura. Todo lo contrario. Gracias a este acuerdo, entre 2018 y 2024, Colombia exportó a Israel USD $3.260 millones ($13 billones de pesos) e importó USD $718 millones ($2,6 billones de pesos). Entre las importaciones se encuentran bienes de alto contenido tecnológico y especializado, concentrados en equipos electrónicos, productos químicos y farmacéuticos, tecnología aplicada al agro, y tecnología militar y policial.
El daño no fue solo comercial. Israel era un aliado clave para la seguridad nacional. En medio del avance del narcoterrorismo, del fortalecimiento de las disidencias y del debilitamiento de la Fuerza Pública, Petro decidió romper relaciones con uno de los principales proveedores de tecnología y equipamiento militar para Colombia. Lo hizo no por una evaluación estratégica, sino por vanidad, por su delirio de ser un gran líder mundial y para posar de defensor de los oprimidos del mundo. El mensaje fue claro: la pose vale más que la seguridad de los colombianos.
Ligado a esa ruptura, el Gobierno prohibió la exportación de carbón a Israel, el principal producto que le vendíamos. Solo en 2024, el carbón representó USD $228 millones ($900 mil millones de pesos), el 83% de nuestras exportaciones a ese país. Esta decisión no afectó a Israel, que puede comprar carbón en otros mercados, pero sí puso en riesgo miles de empleos del sector minero-energético en Colombia.
Este patrón no es un caso aislado. Se repitió en la relación con Brasil. Para asegurar la presencia de Lula en la cumbre de la CELAC en Santa Marta en noviembre de 2025, Petro revivió un acuerdo comercial que terminó de destruir la industria automotriz colombiana y que su propio Gobierno había denunciado en 2024. Ese acuerdo permitía la importación de vehículos sin aranceles entre ambos países, pero Brasil modificó unilateralmente sus reglas internas: cerró su mercado a los vehículos colombianos mientras inundaba el nuestro. El resultado fue devastador. Brasil llegó a vender cerca del 19% de los vehículos comercializados en Colombia, mientras nuestra producción nacional se desplomó de 123.000 unidades anuales a apenas 30.000. General Motors, nuestro principal fabricante, se fue del país en 2024. Petro prefirió no romper el acuerdo para asegurar la asistencia de un mandatario de peso con quien poder realizar un pronunciamiento ideológico contra Estados Unidos.
Peor aún, el gesto que tanto nos costó, terminó siendo completamente vano e incoherente con su siguiente paso. Tras posar de líder “antiimperialista”, Petro terminó llamando a Donald Trump y programando un viaje a Washington para hacerse perdonar los agravios, evidenciando que toda esa retórica incendiaria no era más que humo. Mucho discurso, mucha pose, poca estrategia. A este panorama se suma la expansión injustificada de embajadas y consulados. En medio de una estrechez fiscal evidente, el Gobierno decidió abrir nuevas sedes diplomáticas, crear más cargos y aumentar la burocracia exterior sin mostrar beneficios concretos en comercio, inversión o empleo. Su diplomacia no es una herramienta para abrir mercados y atraer oportunidades, sino una plataforma de activismo internacional financiada con los impuestos de los colombianos.
Además, nombró personas que no estaban calificadas. Gracias a mi demanda, el Embajador de Colombia en México fue removido del cargo. Un joven que no terminó la universidad, tenía dos años y cinco meses de vida laboral y pretendió homologar la falta de experiencia con los modelos ONU que hacen en las clases de pregrado. Una irresponsabilidad.
El problema de fondo es claro: Gustavo Petro concibe la política exterior como un escenario para ventilar sus rencillas personales del momento, satisfacer su ego y su necesidad de reconocimiento internacional. Rompe relaciones que funcionan, sacrifica sectores productivos, destruye empleos, encarece la vida de los ciudadanos y debilita la seguridad nacional.
En mi gobierno vamos a corregir el rumbo. Los embajadores tendrán la responsabilidad de fomentar las exportaciones y llevar los productos colombianos al exterior. Se evaluarán por resultados, de modo que el que no funcione, se cambia. El servicio exterior no debe ser para estar en cócteles ni besamanos, sino para dar resultados y mejorar la vida de los colombianos.
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