Foto ilustrativa: Sebastián Barros, Getty Images.
Este 1 de marzo la JEP le ordenó al Alto Comisionado para la Paz que se adopte un plan de acción “para combatir y desmantelar” organizaciones armadas ilegales que afectan la reincorporación de firmantes del Acuerdo de Paz.
La orden se da luego de que la JEP verificara que no existe una estrategia institucional para “prevenir la violencia de los grupos delincuenciales” a los reincorporados. Lo que hace indispensable activar las competencias de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad (CNGS).
Además, instó a la Procuraduría para que abra una investigación que determine por qué luego de cinco años de la creación de la CNGS esta no cuenta con un reglamento interno ni una política encaminada a combatir a los grupos armados para garantizar la seguridad de los reincorporados.
En el mismo sentido, expresó que no hay claridad sobre cómo funciona y cómo se toman las decisiones en la CNGS.
La Sección de Ausencia de Reconocimiento recordó que 306 firmantes del Acuerdo de Paz han sido asesinados, 10 de ellos mujeres, una siendo una indígena del Cauca.
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Los artefactos, presuntamente instalados por el ELN, ponían en riesgo directo a la población civil.