La vicepresidenta y canciller colombiana, Marta Lucía Ramírez, en una fotografía de archivo. EFE/Leo Rodríguez
Bogotá, 1 feb (EFE).- La vicepresidenta y canciller de Colombia, Marta Lucía Ramírez, negó este martes que el Gobierno haya alcanzado un acuerdo con Estados Unidos para deportar venezolanos fletados por el país norteamericano a territorio colombiano.
Ramírez se refirió así a la información publicada por medios de comunicación que adelantan que Colombia y Estados Unidos suscribieron un acuerdo para devolver a venezolanos que habían tratado de acceder al país ilegalmente.
En este sentido, la vicepresidenta aseguró que se trata de afirmaciones “que no son ciertas” porque “Colombia no ha firmado ningún acuerdo con Estados Unidos para traer 6.000 venezolanos deportados”, afirmó en una entrevista con la cadena Blu Radio.
“Estados Unidos nos ha planteado la posibilidad de que algunos venezolanos que han llegado con colombianos de manera irregular al país los vayan a deportar”, indicó al insistir, no obstante, en que no hay ningún acuerdo firme.
Desde Bogotá han trasladado a Washington que “si son colombianos”, sí los pueden deportar, pero que en el caso de ciudadanos venezolanos que ya estaban en el Estatuto de Protección Temporal, serán analizados “caso por caso”.
“Si están bajo el estatuto de protección pero no quieren vivir más en Colombia, no tiene sentido que los deporten porque no los podemos obligar a vivir en nuestro país”, aseveró la vicepresidenta.
Ramírez confirmó que la semana pasada se deportó a un grupo de colombianos entre los que también había dos venezolanos, aunque sus casos se están estudiando individualmente para valorar la situación.
CNN publicó este lunes un artículo en el cual citó a dos funcionarios no identificados del Gobierno estadounidense según los cuales el Ejecutivo que dirige Joe Biden estaría enviando a Colombia a ciudadanos venezolanos en busca de asilo en EE.UU. que en algún momento residieron en ese país.
De acuerdo con el canal de televisión, la Administración Biden habría emprendido esta política ante la imposibilidad de retornar a los inmigrantes a Venezuela.
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Los artefactos, presuntamente instalados por el ELN, ponían en riesgo directo a la población civil.
Expertos destacan que estos hallazgos indican condiciones ambientales favorables.