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En un giro crucial en la historia de los derechos humanos en Colombia, el Ejército Nacional ha admitido oficialmente que los asesinatos de José Dubán Espinosa Vázquez, Andrés Fonnegra Rodríguez y Ovidio Jiménez Guzmán fueron ejecuciones extrajudiciales, no enfrentamientos armados.
La sentencia, que ha sido ampliamente esperada por las víctimas y defensores de derechos humanos, ratifica que las muertes de los tres hombres ocurrieron el 21 de junio de 2006 en la vereda La Carra, Dabeiba, Antioquia, y fueron perpetradas por integrantes del Batallón de Contraguerrillas No 79 “SV Fernando Cómbita Salazar”, parte de la Brigada Móvil No 11 del Ejército Nacional.
Este reconocimiento del Ejército Nacional es un paso significativo hacia la reparación de las víctimas y la búsqueda de justicia.
Diana Carolina Gallego Fonnegra y otros demandantes habían solicitado la acción de reparación directa, argumentando que los fallecidos eran civiles inocentes y no miembros de grupos armados, como se había alegado anteriormente.
La sentencia obliga a la Nación y al Ministerio de Defensa a cumplir con medidas no pecuniarias, en línea con la transcripción de la sentencia del Consejo de Estado.
“El Ejército Nacional, en estricto cumplimiento de la transcripción que consta en la sentencia de fecha 8 de mayo del 2023 proferida por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, que confirma parcialmente las sentencias proferidas el 24 de julio de 2013 (49374) y el 20 de febrero de 2015 (56420); hace constar que: “Los señores JOSÉ DUBÁN ESPINOSA VÁZQUEZ, ANDRÉS FONNEGRA RODRÍGUEZ y OVIDIO JIMÉNEZ GUZMÁN no pertenecían a ningún grupo armado ilegal y que su muerte no se produjo en desarrollo de un enfrentamiento armado, sino que fue consecuencia de una ejecución extrajudicial perpetrada el 21 de junio del 2006, en la vereda “La Carra”, jurisdicción del municipio de Dabeiba, Antioquia, por integrantes del Batallón de Contraguerrillas No 79 “SV Fernando Cómbita Salazar”, adscritos a la Brigada Móvil No 11 del Ejército Nacional”.
Este caso se enmarca en una serie de investigaciones sobre los falsos positivos en Colombia, una práctica tristemente conocida donde civiles fueron asesinados y presentados falsamente como combatientes enemigos muertos en combate.
La admisión oficial por parte del Ejército Nacional no solo es un avance hacia la justicia para las familias afectadas, sino también un recordatorio sombrío del impacto de estas violaciones a los derechos humanos.
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