Uno de los bienes ocupados por la Fiscalía. Foto cortesía.
La Dirección Especializada en Extinción del Derecho de Dominio de la Fiscalía impuso medidas cautelares sobre dos inmuebles rurales y 12 urbanos que harían parte del patrimonio de los supuestos responsables de actos de corrupción en el departamento de La Guajira.
Los bienes, a los que se les impuso suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro, están avaluados en $ 2.800 millones y fueron ocupados por personal del CTI de la Fiscalía en Riohacha, Maicao y Manaure (La Guajira); y en Barranquilla y Soledad (Atlántico), apoyados por el Gaula del Ejército Nacional.
De acuerdo con la Fiscalía, estos bienes a los que se les aplicó medida de extinción de dominio pertenecerían a un exalcalde de Manaure y al gerente financiero de una Institución Prestadora de Salud Indígena que estarían involucrados en actos de corrupción cometidos en relación a un contrato administrativo suscrito entre la Alcaldía de Manaure y la IPSI Indígena el 24 de junio de 2015, con plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2015, por un valor de 8.000 millones de pesos.
La Fiscalía expone que en la investigación se estableció que en el proceso de investigación se habrían violado los principios de transparencia, selección objetiva y planeación, debido a que, al parecer, el contratista fue seleccionado con antelación y no contaba con la capacidad para ejecutar las actividades encomendadas ni para prestar servicios de salud en zonas rurales.
También se habría evidenciado cobros excesivos en medicamentos, sobrecostos y otros actos irregulares superiores a los $ 2.800 millones.
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Expertos destacan que estos hallazgos indican condiciones ambientales favorables.