Foto de archivo
La Contraloría General de la República realizó hallazgos fiscales por un total de $31.493 millones en los estados financieros del Ministerio de Deporte, correspondiente al año 2023.
Estos hallazgos se realizaron bajo una autoría financiera, revelando las irregularidades en los estados financieros en resultados, cambios en el patrimonio y notas en los estados.
Lo anterior compromete el adecuado manejo de los recursos públicos destinados a proyectos deportivos a nivel nacional.
El hallazgo más destacado, por un monto de $25.874 millones, se atribuye al incumplimiento del convenio interadministrativo 1215 de 2023, por parte del contratista EnTerritorio.
Este contratista no legalizó la documentación que respalda un pago significativo, afectando gravemente a los estudiantes participantes de los Juegos Intercolegiados 2023 y generando un detrimento patrimonial considerable.
Adicionalmente, se detectaron irregularidades en el contrato para la construcción de la pista de atletismo en el Complejo Recreo Deportivo La Trinidad en Sopó, Cundinamarca, con un coste de $5.104 millones.
El proyecto incluye pagos por obras no ejecutadas y deficiencias en la supervisión de la interventoría, lo que ha generado desconfianza en la comunidad local respecto al uso adecuado de los recursos públicos.
La Contraloría General ha anunciado que durante el segundo semestre del 2024, realizará auditorías adicionales al Ministerio de Deporte, enfocadas en los contratos y convenios suscritos para la realización de los XXII Juegos Nacionales y Paranacionales en el Eje Cafetero durante 2023.
Este proceso busca garantizar la transparencia en los proyectos de gran repercusión e inversión como este.
Como resultado final de la autoría financiera, realizaron 16 hallazgos administrativos, 5 con incidencia fiscal, 8 disciplinarias, 2 con solicitud de apertura de indagación preliminar, 1 con presunta incidencia penal, 1 con solicitud de apertura de proceso administrativo sancionatorio fiscal.
La Contraloría continuará supervisando de cerca las acciones correctivas que el Ministerio deberá implementar para mitigar los efectos de estas irregularidades y asegurar la efectiva gestión de los recursos públicos.
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