El Deterioro de la Contratación Pública: Entre la Desconfianza, la Improvisación y el Sobrecosto

El Estado no está actuando con responsabilidad cuando opta por contratar obras públicas sin adelantar dinero y sin garantías claras de pago a tiempo; en realidad, lo que está haciendo es trasladar el riesgo económico al contratista y establecer condiciones que debilitan el proyecto desde su nacimiento. En Colombia, si bien la normativa permite anticipos de hasta un 50 % del valor del contrato (de acuerdo con el Estatuto General de Contratación Pública, Colombia Compra Eficiente, s. f.), en la práctica numerosas instituciones deciden eliminarlos o reducirlos al mínimo bajo el argumento de “proteger los recursos”. El resultado es contradictorio: el trabajo comienza sin suficiente flujo de caja, el constructor tiene que financiar la nómina, los materiales, la maquinaria, las pólizas y los subcontratos con su propio crédito, y el costo financiero acaba afectando a la calidad y al ritmo de ejecución.

El problema no es teórico. En el año 2024 se registraron demoras en los pagos a contratistas de la industria del transporte, que en ciertos casos pasaron de cinco meses, lo cual impactó la ejecución presupuestal y las obras públicas (Portafolio, 2025). Además, los medios económicos informaron sobre alertas acerca de los pagos estatales aplazados al final del ejercicio fiscal, lo que creó incertidumbre en los contratistas que dependen del flujo de caja correspondiente a las actas aprobadas mensualmente (La República, 2025). La repercusión es directa cuando no se efectúa el pago a tiempo, generando disminución de personal, interrupción de actividades y mayor número de quejas contractuales.

El aumento de precios se agrega a este panorama. De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, el Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles (ICOCIV) tuvo un cambio anual del 4.31 % en diciembre de 2025; por otro lado, el segmento que incluye puentes, calles, carreteras y túneles experimentó una variación aproximada del 5.17 % (DANE, 2025). En contratos que no tienen procedimientos de reajuste ágiles, esta variación se traduce en una pérdida directa. Si el contratista no tiene anticipo, compra más tarde y acepta precios más altos y si no se reconocen los reajustes a tiempo, el margen se esfuma y el proyecto pierde equilibrio financiero.

En el ámbito administrativo, a pesar de que la normativa indica que las licencias urbanísticas deben resolverse en un plazo cercano a los 45 días hábiles (Ministerio de Vivienda, 2015) y que los trámites de licencia ambiental pueden variar entre 60 y 90 días hábiles dependiendo de su complejidad (ANLA, 2024), la situación real evidencia que los requerimientos extras, las subsanaciones y la coordinación interinstitucional tienden a alargar los plazos. Cada interrupción conlleva costos de pólizas en vigor, equipos arrendados detenidos, gastos financieros y administrativos que siguen creciendo sin progreso físico correspondiente.

También el componente social es importante y no puede pasarse por alto. La Defensoría del Pueblo reportó que, a lo largo de 2024, el país experimentó un aumento en los conflictos sociales, muchos de los cuales estaban vinculados a servicios públicos e infraestructura. Además, se sumaron problemas relacionados con la seguridad, debido a que grupos al margen de la ley extorsionaban (Defensoría del Pueblo, 2025). La ausencia de administración en términos sociales y territoriales durante la estructuración de proyectos provoca demoras, oposición por parte de la comunidad y bloqueos que afectan directamente los presupuestos y los cronogramas.

Se puede ver el desenlace en las cifras de fiscalización. La Contraloría General de la República ha indicado que en el país hay 1.630 proyectos no terminados o críticos, conocidos como “elefantes blancos” (Contraloría General de la República, 2025). En muchas ocasiones, aunque existen responsabilidades penales o disciplinarias, el motivo de los problemas está en la falta de condiciones financieras apropiadas desde el principio, la asignación incorrecta de riesgos y deficiencias en la planificación.

La conclusión es evidente, cuando el Estado no garantiza condiciones mínimas para comenzar y pagar a tiempo, acaba desembolsando más. O paga en litigios, o paga en rescate de proyectos detenidos, o paga por adiciones contractuales. El verdadero control no consiste en suprimir el anticipo, sino en supervisarlo con rigor; no se trata de hacer más estrictas las cláusulas sin un análisis técnico, sino de repartir los riesgos de forma justa y transparente. La infraestructura no se lleva a cabo con discursos de sensatez fiscal, sino con planificación madura, flujo de caja asegurado y procedimientos definidos ante las fluctuaciones de precios y los períodos administrativos. Si esa perspectiva no se corrige, continuaremos observando cronogramas desarticulados, costos exagerados y proyectos que nunca llegan al desarrollo prometido.