Destapen las cartas

Tal como lo he manifestado estas últimas semanas, el mercado está atravesando por una fuerte incertidumbre en estos momentos. Más allá del formalismo inherente a la transición del poder, lo que más preocupa es no conocer cuáles son las medidas económicas que adoptará la nueva administración. El fantasma de la expropiación ronda los pasillos de las empresas y el temor de repetir las tensiones que están viviendo Chile y Perú ha llevado, por ejemplo, al dólar a romper sus máximos históricos.

Ahora bien, que haya cambios en la normatividad tributaria de un Gobierno a otro es algo normal. Los impuestos son uno de los ejes centrales de las campañas y mientras unos sectores abogan por una mayor carga impositiva para financiar más gasto público, otros defienden la idea de reducir los impuestos para que sea el sector privado, y no el Estado, quien solucione buena parte de los problemas sociales del País.

En esencia, es una discusión que tiene un profundo trasfondo ideológico, quizás de nunca acabar, y que se centra en establecer qué responsabilidades tiene el Estado y hasta donde debe ir su actuar con relación a lo particular.

En este contexto, Es claro que el Gobierno Petro presentará al Congreso un proyecto de reforma tributaria bastante ambicioso. No solamente porque el País necesita seguir ajustando sus finanzas después del choque que implicó la pandemia, sino, en especial, en razón a la expansión del gasto público que pretende concretar el Pacto Histórico.

De hecho, se ha hablado de una meta de recaudo de $50 billones, el doble de lo propuesto el año pasado por la iniciativa del Ministro Carrasquilla que terminó incendiando por dos meses a Colombia. Una cifra que, en principio, suena realmente difícil de lograr, dado que el promedio de recaudo de las tributarias en el País oscila entre $7 y $8 billones.

Por eso, el eje central de las preocupaciones del mercado es conocer cómo pretende la nueva administración lograr tal meta y qué tan agresivos serán los cambios que se propongan. Por mencionar algunos casos, se ha hablado de aumentar la carga tributaria de las personas naturales, dado que en Colombia, a diferencia de los países desarrollados, las empresas son las que llevan a cuestas la mayor parte de la tributación.

Al respecto, aunque esto puede tener un fundamento técnico, hay que ser muy cuidadosos con no afectar la capacidad adquisitiva de la clase media, sobre todo cuando por fin, después de dos años, se lograron recuperar los empleos perdidos en el 2020.

Asimismo, volvió a sonar la idea de revivir el impuesto al patrimonio desde los $1.000 millones, a pesar que este año se consiguió su desmonte después de más de 10 años de intentarlo, y la próxima Ministra de Agricultura puso sobre la mesa una reforma agraria donde se aumente el valor del catastro multipropósito, o sea, incrementar el precio de los predios y, por ende, obligarlos a tributar más.

En general, lo central de este debate es que los impuestos no sean tan altos que pasen a tener una naturaleza confiscatoria. Es decir, que la carga se vuelva tan pesada que llegue un punto donde el contribuyente no tiene cómo pagar sus obligaciones tributarias y se ve forzado a entregarle el bien al Estado con tal de saldar la deuda pendiente, sin mencionar las dificultades que implica para el fortalecimiento de la cadena de producción de los bienes y servicios el hecho de tener que destinar más recursos para financiar al Estado y menos para fortalecer su desarrollo.

En últimas, sería de gran ayuda para el País que el equipo económico del nuevo Gobierno destape sus cartas cuanto antes y explique en detalle sus medidas, de tal forma que el mercado sepa a qué atenerse, qué cambios proponer y cómo contribuir a la discusión.

De lo contrario, de continuar con anuncios esporádicos para ambientar el terreno, lo único que se obtiene es perpetuar la incertidumbre y afectar el comportamiento de la bolsa, del dólar y del flujo de inversión que podría llegar a Colombia, pero que está detenido esperando que el panorama sea más claro y seguro, lo cual perjudica a todos los colombianos por igual y afecta la capacidad adquisitiva de los hogares.