La Corte Constitucional debe declarar “Estado de Cosas Inconstitucional” para evitar una tragedia nacional

La crisis que afronta el sistema de salud de Colombia es de magnitud extrema y no tiene antecedentes, y es responsabilidad clara y directa de Gustavo Petro y de su remedo de ministro, el inepto y contumaz Guillermo Jaramillo.

Es evidente que la crisis, ha sido deliberadamente provocada e inclusive, anunciada y planeada por el Gobierno, y usada como estrategia para devastar y arrasar el sistema, y así poder imponer uno nuevo, regresivo, político y burocrático.

El daño que Petro le ha infligido a la nación es inconmensurable, y en muchos casos irreparable. No son pocas las personas que han fallecido por aplazamiento de cirugías urgentes y a causa del no suministro oportuno de medicamentos vitales para mantener la vida.

Día a día, la prestación de los servicios se reduce y pauperiza, las consultas se postergan, el incumplimiento en los pagos del personal médico se generaliza y la acumulación de deudas con proveedores y contratistas aumenta. Todo, como resultado del desacato del Gobierno a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional, para que atienda el pago de cuantiosos pasivos acumulados, así como por su renuencia a indexar el valor de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) a lo que está incondicionalmente obligado el Gobierno por ser la Salud un Derecho Fundamental.

Cada día que transcurre, el colapso del sistema aumenta, se agrava y agudiza, y entre tanto, Petro -en su inicua entelequia- se regodea y ufana con su destrucción, y, además, descalifica las EPS e IPS, maltrata a médicos, enfermeras y personal auxiliar de la salud, tilda de criminales a proveedores de medicamentos, desconoce las autoridades judiciales, intenta burlar el Congreso y solapadamente induce a la asonada y el vandalismo.

No son pocas las demandas que se vienen instaurando contra el Gobierno, por su dolosa política destructiva, como tampoco serán, las sentencias condenando su irresponsabilidad, y castigando su indolencia ante los afanes, angustias y urgencias de miles de ciudadanos que padecen enfermedades terminales y huérfanas.

Ante tan desoladora realidad, la ciudadanía se siente vulnerable, inerme y en estado de indefensión, por no encontrar en el Estado de Derecho, medios legales o acciones jurídicas para detener y suspender los desmanes de Petro y su caterva de incapaces e ineptos.

Es por eso que estimo que están dadas todas las condiciones, para que la Corte Constitucional considere con la mayor prontitud, la necesidad y conveniencia de declarar “Estado de Cosas Inconstitucional” (ECI), en razón a que concurren todas las exigencias y requisitos para hacerlo, como son:

1. Que es inminente el riesgo que corre la salud, el bienestar y la vida de toda la población, por la violación deliberada, manifiesta y continua del Derecho Fundamental a la Salud por parte del Gobierno;

1. Que está plenamente probado que la violación del Derecho Fundamental a la Salud, es resultado de una decisión del Gobierno y del incumplimiento de sus obligaciones, así como por el desacato de órdenes claras e inequívocas que le fueron impartidas por la Corte Constitucional;

1. Que el resultado de cualquier acción judicial que se instaure para prevenir, mitigar o abatir las graves y nefastas consecuencias que se derivan de la política destructiva del sistema de salud por parte del Gobierno, incluida la Acción de Tutela, no resulta oportuno ni eficiente;

1. Que la nación espera que la Corte Constitucional, como guardián de la Carta, y custodio de su respeto y aplicación, no permita que se siga vulnerando, y ordene al Gobierno que adopte medidas inmediatas para cumplir sus obligaciones, y que desista de arruinar el sistema de salud, comprometiendo con ello la vida, la tranquilidad y el bienestar de toda la población; y,

1. Que la demora en la adopción de medidas que conjuren de manera definitiva las causas provocadas por el Gobierno y que hacen insostenible el sistema de salud, puede comprometer la vida de cientos de miles de colombianos.

Es prudente precisar que, de acoger la honorable Corte Constitucional mi respetuosa solicitud, no sería la primera vez que lo haga, habida cuenta que en el pasado, declaró el “Estado de Cosas Inconstitucional” con ocurrencia del represamiento en el trámite de solicitudes de pensión en Colpensiones, al igual que, entre otros hechos, por el hacinamiento carcelario y la aguda situación de desnutrición en el Departamento de la Guajira, la que se aprovechó para cometer despreciables actos de corrupción por parte de altos funcionarios del Gobierno.

Pero ninguno de estos hechos, ha tenido la gravedad, ni tan serias implicaciones y alcances como lo tiene la crisis del sistema de salud, por lo que resulta procedente y de pleno derecho, que la Corte Constitucional declare el “Estado de Cosas Inconstitucional”, e imparta órdenes perentorias al Gobierno, para que gire la totalidad de los recursos que adeuda al sistema y no dilate más la debida indexación de la Unidad de Pago por Capitación.

Por su parte, las altas cortes, el Congreso, la Procuraduría, la Defensoría, la Fiscalía, la comunidad científica, la academia, los gremios de la producción y todas las fuerzas vivas de la nación, deben manifestarse en contra de la cruzada criminal de Petro y su gobierno.

A su vez, la sociedad, sin distingos de credos políticos, ideológicos o partidistas, el próximo 21 de abril debe marchar o congregarse unida como nunca antes, en señal de rechazo, repudio y condena a Petro, y para demostrarle que las calles y las plazas de Colombia no le pertenecen, y que no podrá destruir la democracia, el Estado de Derecho y las instituciones republicanas.

La historia será implacable con Petro, y su parodia de gobierno se recordará como el Gobierno de la Destrucción, la Corrupción y la Muerte.

La honorable Corte Constitucional tiene la palabra.

En Sala de Espera No. 1: Que la Corte Constitucional declare inexequible, el Decreto mediante el cual el Gobierno declaró, con falsa motivación, la Conmoción Interior en la región del Catatumbo.

En Sala de Espera No. 2: Que la Corte Constitucional declare inexequible, la ley que aprobó la improcedente, descuadernada y confiscatoria Reforma Pensional.

En Sala de Espera No. 3: Que el Consejo de Estado declare la nulidad del decreto que Prohibió las Exportaciones de Carbón al Estado de Israel, lo que arruinaría a los departamentos de Guajira y César, y destruiría más de 4.000 empleos productivos y bien remunerados.

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*Rafael Rodríguez-Jaraba. Abogado Esp. Mg. Consultor Jurídico. Asesor Corporativo. Litigante. Conjuez. Árbitro Nacional e Internacional en Derecho. Catedrático Universitario. Miembro de la Academia Colombiana de Jurisprudencia.

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