Foto de archivo para ilustrar la nota.
En las últimas horas, la Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana 011 de 2024 riesgo por expansión territorial de las AGC-Clan del Golfo.
Además, dio a conocer cuales son municipios que corren peligro por cuenta de la presencia y el dominio poblacional que quiere imponer esa estructura armada ilegal.
Son 17 recomendaciones las formuladas por la entidad de derechos humanos, las cuales contienen parámetros de focalización territorial y tiempos de respuesta, como el acceso a la administración de justicia y la implementación de medidas urgentes de prevención y protección de las comunidades.
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El riesgo para la población civil está sucediendo por la expansión del narcotráfico, la utilización del territorio como tránsito, refugio y obtención de rentas ilícitas, la disputa territorial iniciada por miembros de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC-Clan del Golfo) contra grupos locales de delincuencia común organizada, así como por retaliaciones entre grupos de “limpieza social”.
Las siete poblaciones alertadas, con sus áreas rurales, componen el espacio considerado como el núcleo indígena más importante del pueblo Zenú en Córdoba.
“Sus habitantes están vinculados ancestralmente a lazos de carácter étnico, cultural, económico y de familiaridad con los moradores de San Antonio de Palmitos, Sincelejo, Sampués, San Benito Abad, El Roble, La Unión y San Marcos, municipios sucreños donde, así mismo, han sido identificadas situaciones de riesgo para la población”, señala Carlos Camargo Assis.
La expansión y control poblacional y territorial del Frente Javier Yepes Cantero, de las AGC, que desde Montería, Cereté y Planeta Rica avanza de manera violenta hacia espacios de las subregiones del Medio Sinú y Sabanas, tiene como fin crear “zonas seguras” y de obtención de rentas criminales en nuevos corredores de movilidad que unan a ese territorio con el Bajo Cauca antioqueño, y La Mojana con el golfo de Morrosquillo.
A ello se suma la generación de un escenario de disputa asimétrica entre el Javier Yepes y el Frente Manuel José Gaitán, de las AGC.
Lo que está ocurriendo ha derivado en el aumento de los riesgos para las comunidades, colectivos socialmente estigmatizados, líderes comunales, de víctimas, y presuntos colaboradores de los bandos rivales; igualmente, en restricciones a la movilidad y agresiones a misiones médicas.
De acuerdo con la defensoría del Pueblo, los siete municipios cuentan con instituciones en capacidad de atender las demandas de la población, pero la poca articulación entre entidades y autoridades étnicas, las rupturas del gobierno propio del pueblo Zenú, entre otras, reducen la capacidad para atender la creciente percepción de inseguridad.
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