La polémica se ha desatado en Barranquilla por cuenta de una tarifa contemplada en el Estatuto Tributario de la ciudad que obliga a la iglesia a pagar un impuesto para realizar procesiones durante la Semana Santa.
El artículo 172 del Estatuto Tributario de Barranquilla, aclara que por cada permiso por “cierre de vía por obra o evento”, se obliga a pagar tres salarios mínimos a la Secretaría de Movilidad.
Este decreto firmado en 2005 indica que se debe realizar un cobro sobre los espectáculos que cuenten con una asistencia superior a las 600 personas.
Según lo manifestado por las autoridades, se deben pagar $180.000 por concepto de seguros y $80.000 para ser destinados a la Defensa Civil.
A lo que la comunidad católica de Barranquilla ha rechazado con vehemencia el cobro de este arancel aduciendo que se trata de Dios, y de las costumbres propias de estas festividades
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