La empresa demandante deberá reponer al distrito de Cali el 3% de lo que pretendía con la demanda
En un fallo definitivo que sienta un precedente crucial para la defensa del tesoro público, el Consejo de Estado confirmó la sentencia que niega las pretensiones de la sociedad Publicidad Lozano & Cía. S.A.S., que buscaba una indemnización de más de 42.900 millones de pesos.
La demanda pretendía responsabilizar al Distrito por la supuesta afectación económica derivada del Acuerdo 0436 de 2017, el cual congeló el registro de nuevas vallas publicitarias para combatir la saturación visual en la ciudad.
Sin embargo, la justicia determinó que no existió un “daño especial”, ya que las normas de ordenamiento urbano son cargas generales que todos los ciudadanos y empresas deben soportar en beneficio del interés común.
El Alto Tribunal determinó que la empresa demandante debe pagar al Distrito el 3% de sus pretensiones, es decir, unos 1287 millones de pesos, tras demostrarse que la Administración actuó legalmente al congelar el registro de vallas para proteger el paisaje urbano y que la demanda carecía de sustento técnico y legal.
Esta decisión ratifica que el ejercicio de la potestad reglamentaria en actividades económicas reguladas, como la publicidad exterior, no constituye un evento dañino sino una carga propia del ejercicio comercial.
El doctor Cristóbal Martínez, abogado defensor del caso, resaltó la importancia de la victoria. “Logramos demostrar que la empresa pretendía un beneficio de su propia culpa, pues nunca adelantó los registros necesarios antes de instalar sus vallas, tal como lo exige la norma local. Esta condena en costas por más de 1200 millones de pesos, es un mensaje contundente contra quienes intentan asaltar el presupuesto público con litigios sin fundamento”, precisó.
Para los caleños, esto significa que la ciudad no solo no pagará una suma astronómica, sino que recuperará recursos invertidos en su defensa.
En concepto de Ana Catalina Castro, directora del Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública, este fallo es un hito para la Alcaldía de Cali. “Estamos protegiendo recursos que equivalen a la inversión social que tanto necesita nuestra gente. Este dinero no es de la Alcaldía, es de cada ciudadano y hoy lo hemos salvado. Con este precedente, Cali se consolida como un Distrito que defiende con rigor técnico su paisaje y su estabilidad financiera, garantizando que el interés general siempre prevalezca sobre los negocios particulares”, puntualizó.
El fallo blinda jurídicamente las políticas de ordenamiento urbano y sostenibilidad ambiental. Para los ciudadanos, significa la garantía de que sus impuestos no se perderán en litigios injustificados, sino que se defienden con rigor para invertirlos en el bienestar colectivo.
Hoy, Cali cuenta con una defensa jurídica que no solo protege sino que recupera el patrimonio público.
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