Fotos: Cortesía
La Procuraduría General de la Nación formuló cargos contra el alcalde de La Vega, Cauca, Carlos Oliver Paz Ordóñez del periodo del 2016 al 2019 y otros funcionarios por actos de corrupción en contratación.
El proceso también se abrió en contra del secretario de Planeación de la época, Jerson Adrián C. E., por posible direccionamiento en la contratación de maquinaria amarilla para el mejoramiento de la red vial terciaria por $1.187’546.104.
Para el ente de control Paz Ordóñez habría favorecido a la representante de la Comercializadora MM SAS con quien habría concertado los términos y condiciones del proceso contractual.
Esa comercializadora a futuro haría parte del Consorcio La Vega, integrado también por la Compañía para la Construcción, Estudios Técnicos, Maquinaria y Mantenimiento para Ingeniería Arquitectónica y Obras Civiles SAS (CYMA), cuyo titular era el representante legal de esta sociedad.
El ente de control cuestionó a la administración municipal por presuntamente permitir que solo MM SAS, cumpliera con la entrega del objeto contractual y recibiera los pagos acordados.
No obstante que esta comercializadora participó dentro del proceso de selección a través de un consorcio porque de forma individual, esta empresa no cumplía los requisitos habilitantes, ni contaba con la experiencia ni la infraestructura para desarrollarlo.
Las posibles faltas de los exfuncionarios fueron calificadas como gravísimas, la de Paz Ordóñez, a título de dolo, porque siendo conocedor de los requisitos para contratar habría desconocido intereses particulares de la población que representaba.
La de Campo Erazo con culpa gravísima, por omitir la vigilancia diligente del contrato que le correspondía como supervisor.
La Procuraduría Provincial de Popayán consideró que los investigados pudieron transgredir los principios de transparencia, economía, planeación y responsabilidad, que regulan la contratación estatal, entre otros.
Los sujetos procesales podrán presentar su versión acerca de los hechos objeto de investigación o solicitar y aportar pruebas, si lo estiman pertinente, ante la Procuraduría Regional de Juzgamiento de Cali, a donde se remitirán las diligencias.
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