Minuto30.com-. Un juez de Bogotá con función de garantías envió a la cárcel a ocho personas, entre funcionarios de Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) de Bogotá y Cundinamarca y particulares, presuntamente responsables de los delitos de cohecho propio y concierto para delinquir, dentro de la investigación que adelanta la Fiscalía por presuntos sobornos a contribuyentes.
Durante la audiencia de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento, el ente acusador exhibió elementos materiales probatorios en los que se evidencia el cobro de coimas, con el fin de borrar deudas del sistema de la Dian y brindar asesorías para la reducción y modificación de intereses a los deudores morosos.
De acuerdo con la investigación, estas personas al parecer cobraban entre 100 y 600 millones de pesos a cada contribuyente para exonerarlos del pago de obligaciones y modificar sanciones a las empresas o personas naturales que registraban mora con la Dian.
La Fiscalía cuenta con material fotográfico en el que aparecen algunos funcionarios supuestamente ejecutando cobros a usuarios y empresarios, a quienes iban a visitar hasta sus casas para formalizar el negocio ilícito.
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Del mismo modo, indicó el delegado fiscal, que se omitía el deber de hacer las solicitudes de documentos a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos y la Superintendencia de Notariado y Registro, para el análisis de bienes embargables a contribuyentes morosos, y si lo hacían, omitían algunos bienes para favorecerlos en caso de embargo.
“Se trata del archivo de más de 78.000 obligaciones prescritas que superan los 4 billones de pesos, y además tienen influencia en la Dian y aduanas en varias ciudades del país”, agregó.
Concluyó el fiscal que funcionarios honestos del organismo fiscal comisionados a visitar a los grandes contribuyentes por la mora en los pagos, se veían sorprendidos cuando llegaban a las oficinas y se encontraban con otros funcionarios de la entidad, presumiblemente pactando los cobros ilícitos.
Finalmente, Ernesto Ponce de León, representante legal de Spai-Sons Pharmaceutical International Cosmetics fue cobijado con medida restrictiva de la libertad en su lugar de residencia.
Los procesados, en caso de ser hallados responsables, se exponen a penas de entre 8 y 18 años de prisión y a multas que van desde los 400 salarios mínimos mensuales legales vigentes.
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Los artefactos, presuntamente instalados por el ELN, ponían en riesgo directo a la población civil.