Resumen: El Centro Democrático anunció una tutela contra el decreto de emergencia económica del Gobierno Petro, en medio de críticas por posibles impactos fiscales y jurídicos.
La polémica por la emergencia económica decretada por el Gobierno Nacional sumó un nuevo capítulo este miércoles 24 de diciembre, luego de que el expresidente Álvaro Uribe Vélez anunciara que el Centro Democrático presentará una acción de tutela para frenar los efectos inmediatos de la medida impulsada por el presidente Gustavo Petro.
Según explicó Uribe a través de sus redes sociales, la tutela será interpuesta por la colectividad política en cabeza de su candidata presidencial y senadora Paloma Valencia, al considerar que el decreto representa una extralimitación de funciones y un impacto directo sobre el bolsillo de los colombianos.
El exmandatario aseguró que este recurso judicial es, por ahora, el único mecanismo disponible para intentar detener la emergencia económica, debido a que la Corte Constitucional solo empezará a estudiar el tema una vez finalice la vacancia judicial, prevista para mediados de enero.
El Centro Democrático, encabezado por la
Candidata y senadora Paloma Valencia, presentará hoy TUTELA contra la
Emergencia Económica. Es el único recurso inmediato porque la Corte Constitucional avocará el recurso a partir del 13 de Enero y mientras tanto el Gbno escurre a los…— Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) December 24, 2025
Desde el uribismo advierten que, mientras el alto tribunal entra en funciones, el Ejecutivo tendría vía libre para expedir decretos con fuerza de ley, incluidos posibles ajustes tributarios y nuevas cargas económicas que podrían entrar en vigencia a partir del inicio de 2026.
El decreto de emergencia económica fue anunciado por el Gobierno tras el hundimiento del proyecto de ley de financiamiento en el Congreso, con el que se buscaba cubrir un faltante presupuestal cercano a los $15 billones de pesos.
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Para el Ejecutivo, la medida es necesaria para garantizar la estabilidad fiscal; sin embargo, distintos sectores políticos y jurídicos han señalado que no se cumplen los requisitos constitucionales para acudir a este mecanismo excepcional.
Aunque la Corte Constitucional descartó realizar sesiones extraordinarias para revisar el decreto, el debate jurídico y político promete escalar en las próximas semanas.
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