El incremento de la población de 2.799 personas en junio de 2006 a más de 14.500 personas en junio de 2010, es el principal fundamento de EPM, para argumentar la fuerza mayor a la hora de decir NO a la construcción de Porce IV.
Así las cosas, solo el reasentamiento de población pasaba de costar 56 millones de dólares, a precios de diciembre de 2007, a la exorbitante suma de 600 millones de dólares[i], una suma casi igual al total del proyecto cuyas obras valdrían aproximadamente 800 millones de dólares, lo que desde un punto de vista jurídico, daría lugar a un detrimento patrimonial y haría no factible la construcción de la Central Hidroeléctrica.
De la misma forma, en el sustento de la fuerza mayor para la no ejecución del proyecto, por medio de un comunicado en enero del presente año, EPM precisó “los asuntos críticos son fundamentalmente el incremento imprevisto de la población y la minería informal, así como los cultivos ilícitos, el conflicto armado y de orden público; circunstancias que hoy permanecen en el territorio».
No obstante lo anterior, la CREG – Comisión de Regulación de Energía y Gas, ha estipulado a EPM hacer efectiva la garantía única por el incumplimiento de los plazos para la ejecución del proyecto que asciende a 23.680 millones de pesos.
Sumado a lo anterior, se presenta la exigencia del Consejo Mayor Comunitario del Cañon del Río Porce en la construcción del proyecto hidroeléctrico, en este sentido el Diputado Jorge Gómez afirmó que “la decisión de suspender el proyecto estuvo basada en informaciones falsas y en el interés de privilegiar Hidroituango, un proyecto mucho más rentable”.
Adicionalmente el Corporado comentó que la decisión de suspender el proyecto no obedeció a fenómenos sobrevinientes, y que la verdadera razón para la suspensión de Porce IV fue la obtención del contrato de concesión para Hidroituango, central hidroeléctrica en la que el valor de la instalación de un megavatio hora es la mitad del de Porce IV, y el costo de generación de kilovatio/hora puede ser un 35% menor. Mucha más rentabilidad y en una mayor escala.
Cuál será la verdad que hay tras la no construcción de la Central Hidroeléctrica de Porce IV, ¿la realidad social de la zona?, ¿la incompetencia de EPM para haber ejercido un debido control de una problemática que era perfectamente previsible? ¿además de ser un problema legal, es un problema político?.
Lo que esta claro es que ya EPM agotó la vía gubernativa y resta esperar qué pasará en los estrados judiciales.
Mientras tanto los voceros de las organizaciones sociales de la zona han manifestado la mejor voluntad de reanudar negociaciones y facilitar un acuerdo que permita su reactivación, lo que al tiempo evitaría el pago de la cuantiosa multa, equivalente a un alto porcentaje de las compensaciones que debe pagar a los afectados[ii].
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