Una inyección le cambió la vida: condenan a la Policía por daño permanente a niño en Envigado

Una consulta por fiebre y dolor generalizado terminó en una lesión que cambió para siempre la vida de un niño de cuatro años. El Consejo de Estado condenó en segunda instancia a la Policía Nacional por los daños físicos y mentales que sufrió el paciente después de recibir una inyección de dipirona en la Clínica de la Policía, en Envigado, en 2008.

El caso se remonta al 9 de junio de 2008, cuando el pequeño llegó al servicio de urgencias. Durante la atención, una auxiliar de enfermería le aplicó media ampolla del medicamento en el glúteo derecho. El procedimiento afectó el nervio ciático y dio paso a un prolongado recorrido de valoraciones, tratamientos y reclamaciones de su familia.

La inyección fue aplicada fuera de la zona segura

De acuerdo con la información del proceso, la aplicación no se hizo en la zona segura del glúteo. Ese hallazgo se estableció casi tres meses después de la atención inicial, tras una valoración especializada a la que la familia logró acceder mediante una acción de tutela.

La búsqueda de ese diagnóstico estuvo atravesada por una barrera en el servicio: la clínica no tenía contratos vigentes con neurólogos. Por ello, los padres recurrieron a la vía judicial para conseguir que su hijo fuera examinado por un especialista y se determinara el origen de sus dificultades.

Lo que comenzó como una atención de urgencias por síntomas de fiebre terminó, así, en un daño permanente. La discusión judicial se concentró en la relación entre la forma en que se realizó el procedimiento y las secuelas que aparecieron en el niño, no en una nueva lesión ocurrida recientemente.

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Las secuelas quedaron documentadas por Medicina Legal

En 2010, Medicina Legal determinó que el paciente presentaba deformidad física y perturbación funcional de carácter permanente. Entre las consecuencias descritas en el caso figuran la cojera, la dificultad para apoyar el talón derecho y el dolor crónico, condiciones que afectaron su movilidad.

El alcance de las lesiones no se limitó al daño en el nervio ciático. Los peritajes de la Universidad CES también documentaron afectaciones en la salud mental relacionadas con el sufrimiento prolongado y la dependencia a medicamentos opioides durante el tratamiento.

El abogado Javier Villegas, quien representó los intereses de la familia, sostuvo que el daño no se habría producido sin la aplicación indebida de la inyección. Su explicación sobre el proceso incluye tanto la lesión nerviosa como las alteraciones físicas, funcionales y el dolor que persistió después del procedimiento.

El Consejo de Estado rechazó los argumentos contra la madre

En el trámite, la Policía Nacional atribuyó parte de las complicaciones a un supuesto incumplimiento de las recomendaciones médicas por parte de la madre. Sin embargo, el Consejo de Estado rechazó esos argumentos y emitió la condena de segunda instancia por la falla en la prestación del servicio médico.

La decisión se refiere a la responsabilidad de la institución por los daños sufridos por quien tenía cuatro años al momento de la atención. Se trata de hechos ocurridos en 2008 y de sus consecuencias permanentes, que fueron examinadas durante el proceso judicial con base en las valoraciones y pruebas médicas.

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La familia vendió su vivienda para afrontar los tratamientos

Las consecuencias también golpearon el sustento del hogar. Los padres tuvieron que vender su vivienda y el pequeño establecimiento comercial del que obtenían ingresos para afrontar los tratamientos. La búsqueda de atención se convirtió en una lucha que trascendió los consultorios y llegó a escenarios públicos de reclamación.

La madre incluso se encadenó en el Palacio de Justicia y en La Alpujarra para pedir atención y apoyo. La condena conocida ahora reúne ese recorrido con las secuelas acreditadas en el expediente: una afectación de salud permanente y el costo personal y económico que asumió la familia desde aquella consulta en la Clínica de la Policía de Envigado.