«Que la mantengan allí»: el chat de Petro que le sube la temperatura al caso Deicy Jiménez

El caso Deicy Jiménez volvió a sacudir la política colombiana: se conoció un chat en el que el expresidente Gustavo Petro habría dado la orden directa de mantenerle un contrato en el Ministerio del Interior, justo cuando el vínculo de la mujer con esa cartera estaba a punto de vencerse.

El mensaje fue enviado el 12 de diciembre de 2025 a Angie Rodríguez, quien para entonces se desempeñaba como directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), una de las funcionarias de más confianza del entonces presidente.

En la conversación, Rodríguez le contó al mandatario que el Congreso le entregaría la condecoración Orden de la Democracia Simón Bolívar en grado Gran Cruz y que había sido admitida a un doctorado en estudios políticos. Petro no respondió por más de dos horas. Solo hasta la 1:06 de la tarde contestó, pero no para felicitarla: le envió un PDF con la hoja de vida de Jiménez y escribió: «Esta persona necesita que la mantengan allí en el contrato de MinInterior». La respuesta de la funcionaria fue inmediata: «Perfecto, señor presidente».

El intercambio fue revelado por la unidad investigativa de Noticias Caracol y le subió la temperatura al escándalo de los presuntos sexo contratos durante el gobierno Petro, que ya tiene a varias autoridades detrás de documentos, comunicaciones y dispositivos.

La fecha del mensaje es clave. Para diciembre de 2025, Deicy Jiménez tenía en ejecución el contrato 1826 de 2025 con el Ministerio del Interior, por $11,1 millones, firmado a finales de agosto de ese año y con terminación el 31 de diciembre. Es decir, la orden del expresidente se habría dado 19 días antes de que el vínculo venciera.

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¿Qué pasó con el contrato de Deicy Jiménez después del chat?

La orden se habría cumplido. En enero de 2026, Jiménez firmó un nuevo contrato con la misma cartera, esta vez por $30 millones y con una asignación mensual cercana a los $2,6 millones, para prestar apoyo a la Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana. Ese vínculo fue terminado de forma unilateral el pasado 31 de octubre.

Pero el caso no se queda ahí. Según congresistas que han rastreado la contratación de la mujer, en total serían diez contratos con distintas entidades públicas, que suman cerca de $133 millones. Las revisiones documentales han establecido que, solo durante el gobierno Petro, Jiménez firmó siete contratos por $116,9 millones: cuatro con el Senado de la República, uno con la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y dos con el Ministerio del Interior.

Por eso, la senadora Sara Castellanos, junto a otros congresistas, anunció una denuncia ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes para que se determine si el expresidente intervino o ejerció presiones con el objetivo de favorecer esas contrataciones.

Las autoridades ya tienen varias pruebas sobre la mesa

El caso de Deicy Jiménez avanza en varios frentes. La Fiscalía abrió una noticia criminal el 23 de octubre por las presuntas irregularidades, y el 5 de noviembre el CTI le practicó una extracción forense al celular de la mujer, en una diligencia que duró más de nueve horas en el búnker.

Además, la Corte Suprema de Justicia ordenó inspeccionar la Secretaría del Senado para recopilar los contratos que estuvieron a su nombre durante su paso por el Legislativo, mientras la Procuraduría la citó a declarar el próximo 9 de noviembre dentro de una indagación previa en la que pidió información a cinco entidades del Estado sobre sus vinculaciones desde 2019.

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Días antes de que se conociera el chat, Jiménez había publicado un video de 54 segundos en el que aparece, presuntamente, junto al expresidente, un material con el que busca respaldar su denuncia de que recibió contratos estatales a cambio de favores sexuales, una acusación que no ha sido probada judicialmente.

Petro, por su parte, ha negado de plano las acusaciones. «Nunca usé un contrato del Estado para obtener favores de nadie», afirmó, y aseguró que las mujeres que trabajaron durante su gobierno llegaron a sus cargos por capacidad y mérito. También cuestionó que el video divulgado no ha sido sometido a un peritaje ni valorado por un juez, y pidió que las pruebas conocidas sean verificadas técnicamente para establecer su autenticidad y contexto.

Con el chat, el video, los contratos y el celular en manos de los investigadores, el caso ya no depende solo de testimonios. Serán las autoridades las que determinen si la orden de mantener el contrato de Deicy Jiménez constituyó una irregularidad y si tuvo relación con los presuntos favores que ella denunció.