JEP imputa a 12 uniformados, entre ellos los generales (r) Montoya y Gallego, por operaciones en la Comuna 13

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a ocho antiguos integrantes del Ejército y cuatro de la Policía Nacional por hechos ocurridos en la Comuna 13 de Medellín y zonas aledañas, entre 2001 y 2004. La decisión se conoció este viernes, en el marco del Caso 08.

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El llamado a reconocer responsabilidad hace parte del Subcaso Antioquia del Caso 08, liderado por los magistrados Óscar Parra Vera y Gustavo Salazar Arbeláez. La investigación indaga por graves crímenes cometidos por miembros de la fuerza pública y otros agentes del Estado, en asociación con grupos paramilitares, así como por terceros civiles, en el departamento de Antioquia.

Entre los 12 máximos responsables determinados por la Sala de Reconocimiento están los generales retirados Mario Montoya Uribe y José Leonardo Gallego Castrillón, a quienes se les atribuyó responsabilidad por omisión.

Un patrón macrocriminal

La Sala estableció que los homicidios, las desapariciones forzadas, los desplazamientos, las torturas, la violencia sexual y la persecución contra civiles hicieron parte de un patrón macrocriminal que involucró a integrantes de la fuerza pública y a estructuras paramilitares, principalmente el Bloque Cacique Nutibara.

La investigación identificó además dos políticas articuladoras: la estigmatización de la población civil como «integrante» o «colaboradora» de las milicias por parte de integrantes del Ejército y de la Policía, así como la no agresión y la colaboración entre integrantes de la fuerza pública y los grupos paramilitares.

La Sala reconstruyó las operaciones militares y policiales, especialmente Mariscal y Orión, y determinó que durante su ejecución se cometieron crímenes de guerra y de lesa humanidad contra la población civil. Asimismo, estableció que, tras la Operación Orión, el Bloque Cacique Nutibara se consolidó como actor hegemónico en la Comuna 13, donde ejerció control social, territorial y económico.

La investigación también recogió los aportes de las víctimas y de las organizaciones sociales, y se articuló con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en La Escombrera y en otros lugares de Medellín.

Operación Mariscal

La Sala reconstruyó cómo se planeó y ejecutó la Operación Mariscal, realizada el 21 de mayo de 2002 en la Comuna 13, y sus consecuencias para la población civil. Según la JEP, se documentaron ataques indiscriminados contra civiles y viviendas, capturas arbitrarias y obstáculos a la atención y evacuación de personas heridas. También se estableció la participación de personas vinculadas a estructuras paramilitares en labores de inteligencia y el señalamiento de habitantes civiles durante el operativo.

Durante esa operación fueron asesinadas nueve personas, cuatro de ellas menores de edad, y más de 30 civiles resultaron heridos. Además, fueron capturadas 41 personas: cuatro fueron judicializadas y 37 quedaron en libertad, entre ellas 11 menores de edad. La Sala encontró que las personas detenidas no coincidían con ninguna de las incluidas en las 34 órdenes de captura autorizadas previamente por la Fiscalía.

Operación Orión

La Sala también documentó lo ocurrido durante la Operación Orión, desarrollada entre el 16 y el 23 de octubre de 2002. Fue la mayor intervención militar y policial realizada, hasta entonces, en un entorno urbano en Colombia. En el operativo participaron unidades de la IV Brigada del Ejército Nacional, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, organismos de inteligencia y otras entidades estatales, con apoyo de guías e informantes, algunos vinculados a estructuras paramilitares.

La investigación estableció que durante la Operación Orión hubo cooperación con integrantes del Bloque Cacique Nutibara, quienes actuaron como informantes, guías y colaboradores dentro del operativo. Aunque su propósito era recuperar el control territorial de sectores dominados por milicias urbanas de las Farc-EP, el ELN y los CAP, durante y después de la intervención se registraron capturas masivas, allanamientos, desapariciones forzadas, homicidios, torturas y desplazamientos. Posteriormente, el Bloque Cacique Nutibara consolidó su control territorial hasta su desmovilización en noviembre de 2003.

Una decisión de 1.337 páginas

El magistrado Óscar Parra señaló que esta investigación se consolida en una decisión de 1.337 páginas, un documento que detalla la magnitud del horror y el profundo impacto de los crímenes y violaciones contra la población civil en la Comuna 13, entre 2001 y 2004.

Durante el anuncio de la decisión, en La Escombrera, el magistrado Gustavo Salazar, correlator del Caso 08, recordó que el Estado tenía el deber de proteger a la población de Medellín: «El deber del Estado de salvaguardar los derechos de las personas más vulnerables de la ciudad de Medellín no solo permitía, sino que hacía exigible una acción firme y contundente para recuperar la soberanía».

El magistrado agregó: «Una democracia se reafirma no solo en sus fines, sino en sus medios y en sus formas. Se niega y oscurece la democracia cuando sus métodos van en contravía de sus principios. El quehacer de la fuerza pública debe diferenciarse de la actuación de los grupos criminales».

En el cierre de su intervención, Salazar afirmó: «Continuaremos con la búsqueda, a pesar de que esta y sus verdades incomoden a unos sectores». Y agregó: «No permitiremos que una discusión inmoral, de carácter presupuestal, se interponga en una obligación ética y de derecho en cabeza del Estado».

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Foto: JEP.