Diez años sin cargos públicos: destituyen a funcionario de El Retiro por acoso sexual a una contratista

La Procuraduría General de la Nación destituyó de su cargo e inhabilitó por 10 años para el ejercicio de funciones públicas a Elkin Darío Franco García, jefe de la Oficina de Cobro Coactivo y Fiscalización del municipio de El Retiro, en el Oriente antioqueño, después de establecer su responsabilidad disciplinaria en hechos de acoso sexual contra una contratista de la Administración Municipal.

La decisión se conoció a través del boletín oficial 1021-2026 del ente de control, en el que se detalló que los comportamientos del funcionario vulneraron la dignidad y los derechos fundamentales de la víctima. En el fallo de primera instancia, la conducta fue calificada como falta gravísima cometida a título de dolo.

Los hechos probados por la Procuraduría

De acuerdo con la investigación disciplinaria, los hechos ocurrieron entre abril y diciembre de 2024. Durante ese periodo, el jefe de Cobro Coactivo habría realizado comentarios de connotación sexual, insinuaciones inapropiadas y acercamientos físicos no consentidos contra la contratista en diferentes espacios laborales de la Alcaldía de El Retiro.

El Ministerio Público demostró que estas conductas configuraron un ambiente de trabajo hostil para la víctima, quien debió tolerar situaciones incómodas por temor a represalias o a que su denuncia no fuera creída dentro de la entidad.

«Estos comportamientos constituyen actos de violencia de género dentro de la entidad, imponiendo a la víctima la carga de tolerar espacios hostiles e incómodos bajo el riesgo de ser revictimizada o tildada de exagerada, tal como ocurrió en el caso de la quejosa», señaló la Procuraduría en su pronunciamiento.

El ente de control concluyó además que el funcionario vulneró los principios de la función pública al afectar gravemente la dignidad humana de la contratista en su condición de mujer, una agravante que llevó a la sanción más severa contemplada para este tipo de faltas.

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Qué significa la destitución y la inhabilidad de 10 años

La destitución implica la pérdida inmediata del cargo que ocupaba el funcionario en la Alcaldía de El Retiro. La inhabilidad por 10 años, por su parte, significa que durante ese periodo no podrá desempeñar ningún cargo público en ninguna entidad del Estado, ni vincularse como contratista con la administración pública en ninguno de sus niveles.

Estas sanciones están previstas en el Código General Disciplinario para las faltas calificadas como gravísimas a título de dolo, es decir, aquellas en las que se comprueba que el servidor público actuó con plena conciencia de la conducta que adelantaba.

Es importante aclarar que el fallo es de primera instancia, por lo que contra la decisión proceden los recursos legales contemplados en la norma disciplinaria. El fallo de segunda instancia, que deberá resolver la Procuraduría, es el que definirá si la sanción queda en firme.

La dependencia y el municipio

La Oficina de Cobro Coactivo y Fiscalización es la dependencia municipal encargada de adelantar los procesos de persuasión y cobro de las obligaciones que los ciudadanos tienen pendientes con el municipio, entre ellas impuestos, comparendos y multas administrativas. Por la naturaleza de sus funciones, su titular maneja procesos sensibles y de contacto directo con contratistas y ciudadanos.

El Retiro es un municipio del Oriente antioqueño, ubicado a poco más de 30 kilómetros de Medellín, que en los últimos años ha tenido un crecimiento importante en su población y en la actividad comercial, lo que ha ampliado también la planta de personal y de contratistas de su administración.

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Un problema que las entidades públicas enfrentan con sanciones disciplinarias

El acoso sexual en espacios laborales es una de las conductas que con mayor frecuencia llega a los despachos disciplinarios del país. En el caso de las entidades públicas, la Procuraduría General de la Nación es la encargada de adelantar los procesos contra los servidores públicos señalados, mientras que en el sector privado los casos se tramitan a través de la Inspección de Trabajo y de las instancias judiciales.

El Ministerio Público ha insistido en los últimos pronunciamientos en que las víctimas de estas conductas suelen enfrentar una doble carga: además de soportar los hechos, deben enfrentar la desconfianza o el señalamiento cuando deciden denunciar, especialmente cuando el señalado ocupa un cargo de jefatura o de mando sobre ellas, como ocurrió en este caso.

La sanción contra el funcionario de El Retiro se suma a otras decisiones recientes del organismo de control contra servidores públicos de diferentes entidades del país por hechos similares, en las que ha reiterado que este tipo de comportamientos son incompatibles con el ejercicio de la función pública.

Con información de la Procuraduría General de la Nación.