¡Tensión en Buriticá! SAE intervino 10 predios y desalojos desatan polémica por 20 familias afectadas

La recuperación de diez inmuebles por parte de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) en zona rural de Buriticá, Antioquia, generó controversia por las consecuencias sociales del procedimiento. Mientras la entidad sostiene que los predios estarían vinculados a actividades de minería ilegal, organizaciones sociales advierten sobre la situación de al menos 20 familias que aseguran verse afectadas por los desalojos.

La actuación se desarrolló este miércoles 21 de octubre en la vereda Los Asientos. Según la SAE, las propiedades habrían servido de apoyo a operaciones relacionadas con la explotación ilícita de oro.

Durante las inspecciones, las autoridades reportaron nueve bocaminas activas y señalaron la presunta existencia de túneles que conectarían con desarrollos mineros formales en funcionamiento.

Sin embargo, representantes de las comunidades cuestionaron el alcance de la intervención y pidieron revisar las condiciones en las que se realizaron los desalojos, especialmente por la presencia de personas que afirman no tener relación con actividades ilegales.

Comunidades denuncian afectaciones a adultos mayores y niños

Teresa Mazo, vocera de la Asociación Agrominera y Ambiental de Colombia, manifestó su preocupación por las consecuencias del procedimiento y aseguró que entre los afectados habría adultos mayores, niños y personas con documentos para respaldar su posesión de los terrenos.

La representante también cuestionó el ingreso de la entidad estatal y afirmó que existirían decisiones judiciales previas que limitarían esas actuaciones.

«Sacaron a unos adultos mayores, sacaron unos niños. La SAE tiene prohibido hacer acá operativos y procedimientos porque ya se hizo una sentencia de control de garantías, donde le están diciendo a la SAE que ella no puede entrar hacia estos predios», indicó Mazo.

El alcance de la decisión judicial mencionada por la vocera debe establecerse a partir del documento correspondiente y de su relación con el procedimiento del 21 de octubre.

Las organizaciones sociales también denunciaron una presunta falta de planes de contingencia, medidas de mitigación y protocolos de atención diferencial para las familias, los trabajadores y los pequeños empresarios que aseguran no estar vinculados con la explotación ilícita de oro.

Una acción de tutela busca proteger los derechos de los afectados

En medio de la controversia, un juzgado de Santa Fe de Antioquia admitió para estudio una acción de tutela relacionada con el procedimiento.

La solicitud busca proteger derechos fundamentales y garantías asociadas al debido proceso. Entre las peticiones está la instalación de una mesa de concertación para revisar las actuaciones y definir medidas de acompañamiento social, económico y humanitario.

La admisión de la tutela no constituye una decisión de fondo favorable a los accionantes ni determina que la intervención haya sido ilegal.

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La SAE sostiene que los predios estarían vinculados a la minería ilegal

De acuerdo con la entidad estatal, los inmuebles ya estaban bajo administración del Estado por procesos de extinción de dominio y habrían continuado al servicio de actividades ilícitas, según información suministrada por la Policía Nacional.

En el procedimiento participaron funcionarios de la SAE, integrantes del Ejército y la Policía Nacional, personal del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), representantes de la Personería Municipal y autoridades de la Alcaldía de Buriticá.

La SAE administra bienes recuperados por el Estado y tiene entre sus responsabilidades impedir que se utilicen para actividades ilegales. La extinción de dominio, regulada por la Ley 1708 de 2014, permite al Estado perseguir determinados bienes cuando se configuran las causales previstas en la legislación.

No obstante, la situación jurídica de los inmuebles no determina automáticamente la responsabilidad penal de todas las personas que los ocupan. Las denuncias de las comunidades y los argumentos de la entidad deben examinarse dentro de los procedimientos correspondientes.

Buriticá, bajo presión por la explotación ilícita de oro

La intervención se suma a otras actuaciones contra la minería ilegal en el municipio. En octubre de 2025, Infobae informó que la SAE había denunciado el uso de uno de sus predios como punto de transporte de oro extraído ilegalmente y la construcción de túneles en el lugar.

Durante el desalojo relacionado con ese caso, un integrante de la Unidad Nacional contra la Minería Ilegal y Antiterrorismo (Unimil) resultó gravemente herido por un disparo de fusil cuando el convoy regresaba al casco urbano.

En mayo de 2026, la Policía Nacional reportó la captura de seis personas y la incautación de explosivos, municiones, un arma de fuego y maquinaria en la mina El Higabra, también ubicada en jurisdicción de Buriticá.

La problemática supera los límites del municipio. Según cifras de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), con corte a 2025, Antioquia registraba 24.282 hectáreas afectadas por explotación de oro de aluvión sin autorización.

Mientras la SAE defiende la intervención por los presuntos vínculos de los inmuebles con la minería ilegal, las comunidades solicitan garantías para las familias afectadas. El trámite judicial permitirá examinar las reclamaciones y determinar si corresponde adoptar medidas de protección.

El caso plantea el reto de impedir que las propiedades sean utilizadas para actividades ilícitas sin desconocer los derechos y las garantías de quienes manifiestan tener vínculos legítimos con los terrenos.