Resumen: Durante una diligencia virtual ante la Procuraduría General de la Nación, la exconsejera presidencial Eva Ferrer ratificó bajo juramento la totalidad de sus señalamientos contra la ex primera dama Verónica Alcocer, negándose a retractarse y anunciando la entrega de pruebas sobre el presunto uso irregular de aeronaves oficiales para el transporte de millonarias sumas en efectivo y sustancias ilícitas con fines electorales. Mientras la defensa de Alcocer califica las acusaciones como falsedades destinadas a dañar su reputación, el Ministerio Público avanza en la investigación disciplinaria mediante inspecciones técnicas a las bitácoras de vuelo del Dapre y la citación a declarar de cinco ex altos funcionarios del gobierno anterior para contrastar las versiones del caso.
Lejos de matizar o retractarse de sus explosivas declaraciones, la exconsejera presidencial Eva Ferrer compareció este jueves ante la Procuraduría General de la Nación para reiterar, bajo juramento, la totalidad de los señalamientos que formuló contra la ex primera dama Verónica Alcocer. Durante la diligencia —adelantada de forma virtual debido a la radicación de Ferrer en España—, la exfuncionaria hispanocolombiana ratificó que cuenta con el material probatorio suficiente para respaldar sus denuncias sobre presuntas irregularidades en el círculo más íntimo del anterior gobierno.
La diligencia disciplinaria marca un punto de inflexión en una controversia que comenzó a escalar semanas atrás en el debate público y que ahora transita formalmente por los despachos de los organismos de control del Estado. Ferrer, quien durante años integró el núcleo de máxima confianza personal y política de Alcocer, sostuvo ante los delegados del Ministerio Público que no dará marcha atrás en sus acusaciones, las cuales apuntan al supuesto uso indebido de bienes del Estado y a complejas tramas de tráfico de influencias.
El núcleo de la denuncia: vuelos oficiales y movimientos irregulares
Las afirmaciones de la exconsejera describen un patrón de presuntas anomalías durante el cuatrienio anterior. En el centro del expediente disciplinario se encuentran las versiones sobre supuestos traslados de dinero en efectivo e incluso sustancias ilícitas hacia y desde Venezuela utilizando la logística de aeronaves adscritas a la Presidencia de la República.
De acuerdo con lo relatado por Ferrer, en enero de 2023 se habría producido un viaje oficial a territorio venezolano del cual habrían ingresado alrededor de 2,5 millones de dólares en efectivo. Según su versión, dichos recursos tenían como presunto destino la financiación de campañas políticas regionales en el Caribe colombiano, vinculadas a familiares y aliados cercanos de la ex primera dama, entre ellos su primo Mario Fernández Alcocer.
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Asimismo, la exfuncionaria ha señalado la injerencia de figuras como el excongresista Agmeth Escaf y contratistas foráneos en la gestión de recursos públicos y entidades del Estado, hechos que en su momento —según revelaron comunicaciones privadas— le habrían sido advertidos directamente al entonces presidente Gustavo Petro antes de que se produjera la ruptura definitiva del círculo de asesores.
Inspecciones disciplinarias y llamados a declarar
El avance de las diligencias no se ha limitado al testimonio de Ferrer. La Procuraduría General de la Nación ya ordenó una serie de actuaciones probatorias de carácter urgente, entre las que destaca una inspección técnica a las dependencias del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre). El propósito de esta labor es auditar bitácoras de vuelo, registros de tripulación, manifiestos de carga y listas de pasajeros de los aviones presidenciales en los que se desplazó la entonces primera dama entre 2022 y 2024.
A la par, el órgano de control emitió citaciones para recepcionar el testimonio de otros cinco exservidores públicos que tuvieron contacto estrecho con la gestión de Alcocer o manejaron carteras estratégicas. Entre los convocados figuran la exdirectora del ICBF Concepción Baracaldo; el exministro de Transporte Guillermo Reyes; la expresidenta de ProColombia Carmen Caballero; y las exfuncionarias Angie Rodríguez e Ingrid Carolina Plata Navas. Las autoridades buscan contrastar si existió presiones indebidas o desvío de facultades públicas al servicio de intereses particulares.
La postura de la defensa y el plano penal
Frente a la gravedad de los señalamientos, Verónica Alcocer ha negado rotundamente cualquier implicación en delitos. A través de su equipo jurídico, la ex primera dama calificó las declaraciones como falsedades orientadas a menoscabar su reputación y radicó solicitudes ante la Fiscalía General de la Nación para conocer de primera mano los expedientes iniciados a raíz de las denuncias mediáticas. Desde su orilla, argumenta que los viajes oficiales cumplieron propósitos de representación protocolaria y social amparados en la legalidad.
Por su parte, el abogado de Eva Ferrer, Jhony Batalla, reiteró que su representada aportará los soportes técnicos y documentales necesarios a medida que los procesos lo requieran. No obstante, la defensa ha expresado preocupación por la seguridad personal de la exconsejera, razón por la cual sus comparecencias se mantienen bajo la modalidad remota. Además, trascendió que no se descarta la comparecencia de Ferrer ante agencias judiciales internacionales, dada la presunta dimensión transfronteriza de los hechos relatados.
Con la ratificación de Ferrer en sede disciplinaria, el caso abandona el terreno de las filtraciones políticas para convertirse en un expediente formal con implicaciones de alto calado institucional. Serán ahora los entes de control y la justicia ordinaria los encargados de determinar si los testimonios cuentan con sustento verificable o si, por el contrario, carecen de respaldo probatorio en los archivos oficiales del Estado.
Eva Ferrer no se retractó y aseguró que tiene pruebas sobre lo que denunció de Verónica Alcocer
Atención: Gobierno Trump me confirma directamente que Estados Unidos está “al tanto”, por primera vez de manera oficial, “de los reportes que señalan que Verónica Alcocer usó un avión oficial para transportar narcóticos a Venezuela y regresó con 2,5 millones de dólares”. Es decir, no es un hecho aislado lo que ha publicado @VickyDavilaH en @RevistaSemana, sino algo que ya revisa Washington y merece la atención. Alcocer es la ex esposa del expresidente colombiano Gustavo Petro (también incluido en la OFAC list de @USTreasury). 🚨
El Departamento de Estado me recuerda también que la OFAC la incluyó el 24 de octubre de 2025 bajo la Orden Ejecutiva 14059, que según me explica el portavoz, “es la norma que permite a Estados Unidos sancionar a personas extranjeras involucradas en el comercio ilícito mundial de drogas”. 🚨🚨
La sanción seguirá vigente. El portavoz también me dice que las administraciones de los presidentes Trump @POTUS y @ABDELAESPRIELLA Abelardo de la Espriella están “revitalizando la relación bilateral y profundizando la cooperación en seguridad y economía”.— Juan Esteban Silva (@juanestebansr) October 14, 2026
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