Resumen: La revisión de 811 contratos de la Cancillería halló objetos idénticos con precios distintos y 227 firmados un día antes de la Ley de Garantías.
Una revisión a los contratos de la Cancillería heredados del gobierno de Gustavo Petro encontró acuerdos con el mismo objeto pero precios distintos, más de 200 firmados en un solo día y casi toda la contratación hecha de manera directa. Desde el 7 de agosto, la entidad ha analizado 811 contratos por cerca de $92.846 millones.
El ejercicio hace parte de las auditorías forenses que el presidente Abelardo De La Espriella anunció el 29 de agosto para detectar inconsistencias, faltantes, riesgos y posibles hechos de corrupción en las entidades del Estado.
Según la Cancillería, 551 de los contratos revisados tienen actividades repetidas o muy parecidas. De ellos, 367 comparten el mismo objeto, aunque sus valores no coinciden: en algunos casos, uno puede costar hasta cuatro veces más que otro.
La entidad también señaló casos que considera atípicos. Uno es un contrato de $2.839 millones con un plazo de ejecución de dos días. Otro está registrado por $0 y se extiende hasta 2028.
El calendario también llamó la atención. El 30 de enero de 2026, un día antes de que empezara a regir la Ley de Garantías, se firmaron 227 contratos por $21.137 millones, el 28,1% de lo contratado en el año. Además, 101 se suscribieron en fines de semana, y el 53,4% de la contratación anual se concentró en las semanas anteriores a las restricciones electorales.
En cuanto a la forma de contratar, el 99,6% de los contratos de la Cancillería revisados se adjudicó de manera directa, sin procesos competitivos.
Hay 19 contratos con observaciones, por unos $100.164 millones, que ya fueron enviados a la Contraloría. Sin embargo, la entidad aclaró que esa cifra corresponde al valor de los contratos y no a un detrimento patrimonial probado. Los hallazgos son preliminares y los responsables podrán ejercer su defensa.
La verificación de los contratos de la Cancillería continuará. Los casos que queden bien sustentados pasarán a la Procuraduría, la Contraloría y, si corresponde, a la Fiscalía.
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