¡La dejaron a la deriva! Quitan escoltas a exfiscal que destapó supuestas presiones en caso de Nicolás Petro

La Fiscalía General de la Nación dejó firme la decisión de retirar de manera definitiva el esquema de seguridad y protección a la exfiscal Lucy Laborde, funcionaria que estuvo al frente de los dos procesos penales contra Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del expresidente Gustavo Petro.

Mediante una resolución emitida por la Dirección de Protección y Asistencia, el organismo judicial determinó que no existen presupuestos técnicos ni normativos que evidencien un riesgo para la exservidora, precisando que, al haber cesado sus funciones en la entidad el pasado 16 de julio de 2026, la evaluación de su esquema preventivo pasa a ser competencia exclusiva de la Unidad Nacional de Protección (UNP).

El pronunciamiento de la Fiscalía se produce en medio de una intensa controversia institucional desatada por las denuncias radicadas por la exfiscal Laborde ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes contra la fiscal general, Luz Adriana Camargo.

La exfiscal afirmó haber recibido supuestas presiones en el búnker para modificar el escrito de acusación radicado contra Nicolás Petro, con la instrucción de retirarle el delito de lavado de activos para mantener únicamente el de enriquecimiento ilícito.

Según el escrito formulado por la denunciante, estas modificaciones habrían buscado evitar que el imputado fuera incluido en listas restrictivas internacionales y habrían contado con la injerencia de abogados y voceros de la Presidencia de la República.

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Ante los señalamientos de persecución y acoso institucional formulados por la exfuncionaria, la Fiscalía aclaró que las divergencias de carácter administrativo o laboral no facultan la asignación de esquemas de acompañamiento de seguridad.

El ente de control ratificó que las medidas de amparo brindadas a Laborde cumplieron con los términos procedimentales mientras ejerció su cargo investigando la criminalidad organizada.

Entretanto, el expediente elevado ante la célula parlamentaria solicita investigar a la cúpula del ente acusador por posibles delitos de prevaricato, constreñimiento a servidor público y revelación de secretos dentro del trámite procesal de la fundación Fucoso y los supuestos dineros ingresados a la campaña presidencial.

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