Así habrían estafado a 8 mil personas con supuesto negocio de plátano en Antioquia

Una investigación de la Fiscalía General de la Nación terminó con la judicialización de Mariana y Alexander, señalados de participar en un esquema de captación ilegal que habría perjudicado a cerca de 8.000 personas entre 2021 y 2024.

El caso habría tenido como escenario principal el sector agroindustrial y, según el ente investigador, las pérdidas ocasionadas a los inversionistas alcanzarían aproximadamente los $200.000 millones.

La investigación apunta a que los involucrados utilizaron diferentes mecanismos para convencer a ciudadanos de entregar sus recursos. Uno de ellos consistía en presentar supuestas operaciones comerciales relacionadas con la compra y posterior exportación de plátano, mediante un intermediario que, de acuerdo con las autoridades, no habría funcionado como se les hacía creer a los inversionistas.

La otra estrategia consistía en ofrecer la posibilidad de convertirse en socios ocultos mediante contratos de cuentas en participación. A quienes entregaban su dinero se les habría ofrecido una rentabilidad del 25% cada 25 días hábiles.

Las víctimas estaban en varias regiones

La Fiscalía encontró que entre las personas afectadas había campesinos, docentes rurales, mujeres cabeza de familia y víctimas de desplazamiento.

Según la investigación, los responsables habrían buscado especialmente a personas con poca experiencia en este tipo de negocios. Incluso, algunos inversionistas habrían sido contactados directamente en sus viviendas para convencerlos de conseguir recursos y destinarlos al supuesto negocio.

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La promesa de obtener importantes rendimientos, sin embargo, no se habría cumplido. De acuerdo con la Fiscalía, las víctimas no recibieron las ganancias ofrecidas ni lograron recuperar el capital que habían entregado.

Los principales reportes se concentran en los municipios antioqueños de Turbo, Carepa, Apartadó, Medellín y Andes, aunque también fueron identificados afectados en Valle del Cauca, Magdalena y Tolima.

Después de las diligencias, jueces de control de garantías legalizaron las actuaciones y ordenaron a Mariana y Alexander, una medida de aseguramiento privativa de la libertad en sus lugares de residencia, mientras continúa el proceso judicial.

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