Defensoría hace urgente llamado al gobierno de De la Espriella por el reclutamiento de menores

La Defensoría del Pueblo solicitó al gobierno entrante de Abelardo de la Espriella avanzar en la implementación integral de la Ley 2590 de 2026, una norma que fortalece las sanciones por el reclutamiento de menores y el uso de niños, niñas y adolescentes para la comisión de delitos.

La entidad señaló que, aunque la nueva legislación representa un avance importante para enfrentar esta problemática, su entrada en vigencia no será suficiente si no se ponen en marcha los mecanismos contemplados en la norma para garantizar su aplicación en todo el territorio nacional.

Entre las principales tareas que deberá asumir la nueva administración está la elaboración del documento Conpes y la actualización de la Política Pública para la Prevención del Reclutamiento, Uso, Utilización y Violencia Sexual contra Niñas, Niños y Adolescentes.

Estos instrumentos deberán definirse dentro del año siguiente a la expedición de la ley e incluir metas, indicadores, fuentes de financiación, mecanismos de evaluación y responsabilidades para las entidades encargadas de su ejecución.

La Defensoría también destacó la importancia de conformar el Equipo Nacional de Acción Inmediata, instancia que tendrá como objetivo coordinar respuestas rápidas cuando existan riesgos inminentes de reclutamiento de menores en diferentes regiones del país.

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Otro de los aspectos considerados prioritarios es la puesta en funcionamiento del Observatorio Nacional de Reclutamiento y Uso de Menores de Edad, una herramienta que permitirá consolidar información de distintas entidades para fortalecer las estrategias de prevención y facilitar la toma de decisiones.

La entidad advirtió que el uso de redes sociales y plataformas digitales por parte de grupos armados y organizaciones criminales exige una mayor articulación entre las autoridades y el sector tecnológico para proteger a la población infantil y adolescente frente a estos riesgos.

Finalmente, la Defensoría reiteró que la protección de la niñez requiere una presencia integral del Estado en los territorios, acompañada de oportunidades educativas y respuestas oportunas.

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