Resumen: El presidente electo, Abelardo de la Espriella, instruyó a su comité de empalme anticorrupción para evaluar posibles acciones legales por las revelaciones sobre presuntos acuerdos entre funcionarios del Gobierno saliente y el Clan del Golfo. Además, pidió analizar la posibilidad de remitir información a autoridades nacionales e internacionales.
El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, impartió nuevas directrices a su equipo de empalme anticorrupción para que adelante una revisión jurídica de las recientes revelaciones periodísticas relacionadas con presuntos acercamientos entre altos funcionarios del Gobierno saliente y el Clan del Golfo.
La instrucción fue dirigida al vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, quien además lidera el comité de empalme anticorrupción. En el documento, el mandatario electo señala que las informaciones conocidas públicamente «constituyen hechos de la mayor gravedad institucional, los cuales exigen una respuesta jurídica inmediata, rigurosa y conforme al Estado de Derecho».
De la Espriella sostiene además que el mandato recibido en las urnas implica fortalecer la autoridad del Estado y garantizar que cualquier actuación atribuida a servidores públicos sea evaluada por las autoridades competentes cuando existan elementos para ello.
Revisión de posibles acciones judiciales
Entre las instrucciones impartidas al comité de empalme se encuentra la evaluación integral de la información disponible para determinar si existen fundamentos que permitan presentar denuncias penales, disciplinarias y demás actuaciones que resulten procedentes.
En ese sentido, el documento solicita «promover la presentación de las denuncias penales, disciplinarias y demás acciones que resulten procedentes ante las autoridades competentes», respecto de los hechos revelados y de los funcionarios que eventualmente pudieran resultar comprometidos.
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La comunicación también ordena incluir dentro del análisis las actuaciones atribuidas al exalto comisionado para la Paz, Danilo Rueda Rodríguez, con el propósito de establecer si existen fundamentos jurídicos suficientes para impulsar las acciones legales correspondientes.
También pide evaluar actuaciones ante instancias internacionales
Dentro de las directrices, el presidente electo ordenó estudiar la posibilidad de remitir la información pertinente al Departamento de Justicia de los Estados Unidos, a través de los canales institucionales y diplomáticos, cuando los hechos puedan estar dentro de su ámbito de competencia.
Igualmente, instruyó evaluar si corresponde poner los hechos en conocimiento de organismos internacionales cuando las conductas investigadas puedan comprometer obligaciones internacionales del Estado colombiano o involucrar presuntas violaciones graves a los derechos humanos.
En el cierre del documento, De la Espriella reiteró el objetivo de las instrucciones al afirmar: «El pueblo colombiano nos ha confiado la responsabilidad de recuperar el monopolio legítimo de la fuerza, restablecer el orden público y garantizar que ningún servidor público permanezca al margen del escrutinio de la justicia cuando existan motivos suficientes para investigar su conducta».
Finalmente, solicitó que las actuaciones sean adelantadas con prioridad y concluyó pidiendo: «Solicito que estas instrucciones sean atendidas con la mayor diligencia y que se me informe oportunamente sobre las actuaciones adelantadas y las decisiones adoptadas».
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