Resumen: El Gobierno activó mecanismos especiales de seguridad y monitoreo ante posibles disturbios electorales y campañas de desinformación durante la segunda vuelta presidencial.
La seguridad y el orden público durante la segunda vuelta presidencial encendieron las alertas del Gobierno Nacional, que anunció la activación anticipada de mecanismos de vigilancia y monitoreo para prevenir posibles hechos de violencia y combatir la desinformación en los días posteriores a las elecciones.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, advirtió que las autoridades cuentan con información de inteligencia sobre posibles disturbios violentos que podrían presentarse tras la jornada electoral, por lo que se fortalecerán las capacidades institucionales para responder ante cualquier situación que afecte la democracia.
Según explicó el funcionario, una de las principales preocupaciones es la circulación de información falsa que pueda generar tensiones y derivar en acciones violentas.
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Por esta razón, el próximo martes entrará en funcionamiento un Puesto de Mando Unificado (PMU) de seguridad y un PMU cibernético encargado de monitorear redes sociales y detectar posibles amenazas.
El Gobierno señaló que no esperará al día de las elecciones para activar estos mecanismos, como ocurrió en procesos anteriores, sino que buscará anticiparse a cualquier escenario de riesgo.
Las alertas se concentran en 38 municipios del país, aunque la vigilancia estará especialmente enfocada en las principales ciudades: Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla.
En estas capitales se reforzarán las acciones preventivas para garantizar la tranquilidad ciudadana y el normal desarrollo del proceso democrático.
Durante su intervención, Sánchez hizo un llamado a todos los sectores políticos y a la ciudadanía para promover un debate respetuoso y evitar discursos que inciten al odio o la confrontación.
El ministro también rechazó que exista evidencia de un constreñimiento electoral generalizado por parte de grupos armados y aseguró que, según análisis realizados junto a entidades como la Registraduría, la Procuraduría y la Misión de Observación Electoral (MOE), no se ha identificado una relación directa entre la presencia de organizaciones ilegales y el comportamiento electoral de los ciudadanos.
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