Consejo de Estado suspende provisionalmente orden que levantaba capturas contra siete cabecillas en Antioquia

El Consejo de Estado ordenó la suspensión provisional de los efectos de la Resolución 00072 de 2026 expedida por la Fiscalía General de la Nación, mediante la cual se habían levantado órdenes de captura contra siete presuntos cabecillas de estructuras criminales que operan en el Valle de Aburrá.

La decisión fue adoptada como una medida cautelar de urgencia, mientras avanza el estudio de fondo sobre la legalidad del acto administrativo, el cual había generado controversia en el marco de los procesos de “paz urbana” que se adelantan en Medellín y su área metropolitana.

Origen del caso y decisión judicial

El proceso se originó tras una demanda de nulidad presentada por la Gobernación de Antioquia contra la decisión inicial de la Fiscalía, que en marzo había dispuesto el levantamiento de varias órdenes de captura relacionadas con presuntos integrantes de estructuras criminales de alto impacto.

Posteriormente, la Fiscalía modificó parcialmente la medida, dejando sin el beneficio a la mayoría de los involucrados. Sin embargo, siete personas continuaban cobijadas por la suspensión de las órdenes de captura, situación que fue objeto de análisis por parte del alto tribunal.

Con la determinación del Consejo de Estado, dichos beneficios quedan suspendidos de manera provisional mientras se resuelve el fondo del proceso judicial.

Los siete señalados que quedan cobijados por la decisión

La medida impacta a los siguientes nombres, quienes habían quedado dentro del grupo de beneficiados inicialmente por la Fiscalía:

• Alberto Antonio Henao, alias ‘Albert’
• Andrés Dimaría Oliveros, alias ‘Mundo Malo’
• Fredy Alexander Henao, alias ‘Naranjo’
• Gustavo Adolfo Pérez, alias ‘El Montañero’
• Jhon Fredy Yepes, alias ‘Clemente’
• Mauricio de Jesús Morales, alias ‘El Abogado’
• Rodrigo Henao Acevedo, alias ‘Perica’

Argumentos del alto tribunal

De acuerdo con el análisis del Consejo de Estado, la Fiscalía no habría realizado una verificación individual y detallada de la situación jurídica de cada uno de los beneficiarios al momento de levantar las órdenes de captura.

El tribunal también advirtió que la decisión administrativa no habría contado con la motivación suficiente ni con el estudio particular exigido para este tipo de medidas, lo que habría generado cuestionamientos sobre el cumplimiento de los principios de legalidad y control judicial.

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Otro de los aspectos tenidos en cuenta fue la posible existencia de riesgos asociados a la libertad de movilidad de los implicados, elemento que fue considerado relevante dentro de la evaluación de urgencia.

Reacciones desde Antioquia

Tras conocerse la decisión, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, se pronunció a través de su cuenta en X, destacando el alcance del fallo y la reactivación de las órdenes de captura.

“Antioqueños: nos mantenemos en la defensa de los intereses del Departamento. Logramos que siete órdenes de captura, contra siete cabecillas de grupos criminales, se reactivaran”, señaló el mandatario.

En su mensaje, añadió: “¡A capturarlos, para mañana es tarde!”.

Rendón también se refirió al avance jurídico del caso al afirmar que el Consejo de Estado admitió la demanda presentada por la Gobernación contra la resolución de la Fiscalía y resaltó los efectos de la decisión.

“Esos delincuentes pueden ser capturados de inmediato, incluido alias El Montañero”, puntualizó.

Antioqueños: nos mantenemos en la defensa de los intereses del Departamento. Logramos que siete órdenes de captura, contra siete cabecillas de grupos criminales, se reactivaran. ¡A capturarlos, para mañana es tarde! pic.twitter.com/E5xFhPrL0S

— Andrés Julián (@AndresJRendonC) May 20, 2026

Alcance de la decisión

Con esta determinación, los siete señalados vuelven a quedar bajo requerimiento judicial mientras avanza el análisis de legalidad de la resolución expedida por la Fiscalía General de la Nación.

El proceso continuará su curso en el Consejo de Estado, que deberá definir en una decisión de fondo la validez del acto administrativo que motivó la controversia jurídica en el marco de los procesos de diálogo con estructuras criminales en el Valle de Aburrá.