Resumen: Corte Suprema negó tutela a ‘Papá Pitufo’ y mantiene activo su proceso de extradición por presuntos delitos de contrabando y soborno.
El proceso de extradición contra Diego Marín Buitrago, conocido como ‘Papá Pitufo’, continuará su curso luego de que la Corte Suprema de Justicia rechazara una acción de tutela con la que buscaba frenar su entrega a Colombia y dejar sin efecto varias decisiones judiciales en su contra.
La Sala de Casación Penal determinó que este recurso no era procedente, al considerar que no puede sustituir los mecanismos ordinarios de defensa dentro de un proceso que aún se encuentra en desarrollo, tanto en el ámbito penal como en el trámite internacional de extradición.
El investigado argumentaba que su captura en el exterior presentaba irregularidades y que la orden emitida en 2024 ya no tenía validez, luego de haber sido ejecutada en España.
Según su defensa, esto impedía que se mantuviera activa una circular roja de Interpol o que se justificara una nueva detención en Portugal.
Sin embargo, el alto tribunal concluyó que la orden de captura seguía vigente, debido a que el proceso judicial no había avanzado en ese momento a etapas posteriores, lo que permitía mantener activa la solicitud internacional. Además, se indicó que el requerido permanecía fuera del país, lo que hacía necesaria su localización mediante estos mecanismos.
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Las autoridades colombianas lo señalan de liderar una red criminal con alcance nacional, presuntamente dedicada al contrabando y al soborno. En medio del proceso, fue detenido inicialmente en España, donde quedó en libertad con restricciones, pero posteriormente abandonó ese país y fue ubicado en Portugal, donde volvió a ser capturado.
Actualmente, su situación jurídica depende en parte de una solicitud de asilo político presentada ante el gobierno portugués, lo que mantiene en pausa la ejecución de la extradición, aunque el trámite sigue vigente.
Frente a las quejas por una supuesta vulneración al debido proceso, la Corte señaló que se brindaron garantías para su participación, incluso de forma virtual, y que contó con defensa legal durante las diligencias.
Con esta decisión, las autoridades judiciales ratifican la continuidad del proceso mientras se resuelve su situación en Europa.
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