Resumen: En la UPI La Florida, Bogotá, voceros de la comunidad Emberá bloquearon el ingreso de equipos de salud y atención social, condicionando la prestación de servicios a exigencias de contratación. La medida afectó principalmente a niños, niñas y adolescentes. La Alcaldía de Bogotá rechazó el bloqueo y reiteró que los derechos de la niñez son prevalentes y no negociables, haciendo un llamado a la corresponsabilidad de familias, sociedad y Estado.
El acceso de equipos técnicos de las secretarías de Integración Social y de Salud al asentamiento embera ubicado en el parque La Florida, occidente de Bogotá, fue bloqueado este jueves 5 de febrero de 2026, afectando la prestación de servicios sociales y de salud a la población infantil y adolescente.
Según informó la Alcaldía de Bogotá, la medida fue tomada por cuatro voceros de la comunidad indígena, quienes pusieron como condición la contratación directa de personas de la comunidad para permitir la entrada de los funcionarios distritales. Esta situación interrumpió la atención institucional y, según las autoridades, representa una forma de presión indebida que pone en riesgo derechos fundamentales de los menores.
El secretario de Integración Social, Roberto Angulo, señaló que durante una reunión interinstitucional los voceros advirtieron que no permitirían el ingreso de los equipos si no se cumplían sus solicitudes de contratación. “No es posible ni es admisible que una vocería dedicada a buscar intereses particulares impida que llevemos servicios sociales a una población en situación de exclusión extrema”, indicó Angulo.
La Administración Distrital recordó que el día anterior, 4 de febrero, en presencia de organismos de control, se socializó con los voceros emberá la oferta institucional dirigida a la niñez. Esta incluye acceso a jardines infantiles y al programa Atrapasueños, que funciona dentro de la UPI La Florida. A pesar de este diálogo, la comunidad anunció que prohibiría el ingreso de los equipos técnicos si no se atendían sus exigencias de contratación.
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El Distrito reiteró que los derechos de los niños, niñas y adolescentes son prevalentes y no pueden ser negociados. Asimismo, hizo un llamado a la corresponsabilidad de familias, sociedad y Estado para garantizar la protección integral de la población.
Miguel Silva Moyano, secretario General del Distrito, expresó en sus redes sociales su rechazo a la medida: “Inaceptable el chantaje de los voceros Emberá en la UPI La Florida. Nuestra responsabilidad es brindar servicios sociales para mitigar riesgos en los más vulnerables. Exigen contratos para que podamos cumplir con nuestro deber de llevar oferta social”.
La Alcaldía insistió en que la presencia institucional en la UPI La Florida busca prevenir vulneraciones y garantizar la protección integral de los menores de edad, asegurando que cualquier acción que limite el acceso a servicios de salud y atención social es inaceptable y pone en riesgo el bienestar de los niños y niñas.
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